El futuro energético, responsabilidad de todos

El debate sobre el mix energético y el futuro de las energías, tanto las convencionales como las renovables, carece de sentido pragmático si no lo abordamos desde una perspectiva sosegada y de compromiso real en todos sus frentes y desafíos. Cierto es que lo primero que hay que salvaguardar es la seguridad de las personas y la sostenibilidad del medio ambiente, condiciones inexcusables en el escenario abierto en nuestro país desde hace años, por encima de otros intereses económicos e industriales. Pero dicho esto, carece de sentido la abundancia de información que mezcla sin rigor lo que sí tiene una base científica y contrastada y lo que es una mera especulación que persigue únicamente la primacía de unas ideas sobre otras, sin tener en cuenta los intereses generales y el bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Sin duda, la responsabilidad nos compete a todos si pretendemos de verdad alcanzar un consenso, identificando claramente los mitos y las realidades que se ciernen sobre una materia tan trascendental para nuestro propio desarrollo y progreso. Se hace necesario evitar cuanto antes los vicios adquiridos por unos y otros y clarificar los posicionamientos antagónicos que no hacen más que emitir ruido y confusión a la sociedad.

De un tiempo a esta parte mucho se habla de la dependencia energética de España, un país que prácticamente importa casi todos los recursos en materia de hidrocarburos que consume, lo que equivale a gastarnos el 85 por ciento de los ingresos que proceden del turismo. Toda una paradoja para un país que basa su economía productiva en el sector servicios y que, indudablemente, es toda una potencia mundial tras Estados Unidos y Francia.

Cada año, España dedica la nada despreciable cifra de 40.000 millones de euros a la importación de hidrocarburos, un montante que sólo la fluctuación del precio del petróleo ha logrado relajar en las últimas semanas. Por ello, el sentido común nos exhorta a hacer una meditada reflexión acerca de las nuevas técnicas de extracción, sin menoscabar el impulso necesario de las tradicionales. No parece muy serio abonar la queja generalizada a propósito del alto precio de los carburantes y el coste de las energías, mientras a la vez ponemos puertas al campo y al desarrollo tecnológico. Partiendo de esa primogénita condición de preservar la seguridad de las personas y el respeto al medio ambiente, no es de recibo la frontal oposición a sistemas de producción de energía que el avance tecnológico permite hoy en día. No se trata tampoco de ensalzar o demonizar uno u otro sistema, sino de averiguar qué podemos perder y qué podemos ganar. Y para eso es imprescindible un voto de confianza en los procesos de exploración, que son a la postre los que indicarán y, sobre todo, confirmarán la existencia o no de hidrocarburos en nuestro subsuelo y los mecanismos seguros para su extracción.

¿De qué nos vale repudiar algo que se desconoce sin tener la mínima oportunidad de contrastar los pros y los contra de una industria? ¿Qué pensaríamos hoy si quienes hace décadas, incluso siglos, no hubieran tenido esa ocasión para demostrar sus proyectos revolucionarios para sus respectivas épocas? La locura no es de quienes proponen averiguar qué recursos propios tenemos, sino la de quienes se ponen la venda en los ojos antes de tiempo.

Llegados a este punto, ¿qué intereses geopolíticos y partidistas hay para rechazar la producción de gas natural no convencional? Porque resulta inexplicable que quienes tienen las máximas responsabilidades traten de impedir el avance tecnológico y con ello el abaratamiento del coste energético al ciudadano de a pie. Solo el dato de que los residentes en Estados Unidos pagan tres veces menos que nosotros por calentarse en invierno da ya que pensar y mucho. O que allí proceder al llenado del depósito de la gasolina es un 50 por ciento más barato al que pagamos nosotros en las estaciones de servicio, lo que acaba por ratificar la incoherencia de la que, lamentablemente, hacemos gala en España.

Si a todo ello sumamos el ahogo tributario al que nos tienen acostumbrados el Estado y las diferentes administraciones públicas, resulta ya incomprensible la negativa a explorar procesos de autoabastecimiento en materia energética. Estos días, por ejemplo, hemos conocido que la nueva Ley de Hidrocarburos permitirá reportar a los municipios hasta 9 millones de euros por cada emplazamiento de gas no convencional que se construya, además de los beneficios a los propietarios de los terrenos y los beneficios contrastables en aspectos laborales y de creación de riqueza. Los informes publicados calculan no menos de 220.000 empleos indirectos e inducidos con la nueva industria del gas natural, un volumen suficiente como para dar la vuelta a una situación de pobreza y desánimo que aún sufrimos.

Son, en definitiva, datos que no deberíamos obviar en nuestro cometido como actores de una sociedad que exige de sus portavoces sociales, económicos, políticos y culturales capacidad de respuesta y seriedad en los argumentos, sean del lado que sean. ¿Debemos ponernos la venda en los ojos antes de conocer nuestro propio potencial geológico? ¿Queremos de verdad abaratar los altos costes a empresas y familias? Son preguntas que exigen respuestas.

Santiago Aparicio es presidente de la Confederación Empresarial de Castilla y León (CECALE).