El Gobierno ha ampliado dos años, hasta el 30 de junio de 2028, el plazo para que los municipios situados en zonas de transición justa puedan ejecutar los proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá evitar la paralización de unas 60 iniciativas valoradas en 70 millones de euros que, de no haberse modificado la normativa, corrían el riesgo de quedar inacabadas.
La orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) modifica las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas aprobadas en 2021 y 2023 para adaptarlas a las dificultades de ejecución detectadas por los ayuntamientos beneficiarios. Hasta ahora, el plazo máximo para completar las actuaciones finalizaba el próximo 30 de junio de 2026, una fecha que numerosos consistorios consideraban inasumible debido a la complejidad administrativa y técnica de los proyectos.
Según fuentes del MITECO, la ampliación beneficiará especialmente a pequeños municipios afectados por el cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas de carbón y otras instalaciones energéticas, que disponen de una capacidad administrativa limitada para gestionar inversiones de gran envergadura. El Instituto para la Transición Justa estima que la prórroga evitará que los ayuntamientos tengan que devolver los anticipos recibidos y permitirá culminar proyectos que, de otro modo, habrían quedado a medio ejecutar.
Convocatorias
La primera convocatoria de ayudas, resuelta en julio de 2023, destinó 89 millones de euros a 107 proyectos de infraestructuras en municipios de transición justa. Ante el elevado número de solicitudes recibidas, el Gobierno lanzó una segunda convocatoria que adjudicó otros 25 millones de euros a 19 iniciativas adicionales, cuya resolución se aprobó en mayo de 2025.
En conjunto, las dos convocatorias, junto con los convenios específicos adaptados al PRTR, han permitido movilizar 125,5 millones de euros para 149 proyectos, superando ampliamente los objetivos comprometidos con la Comisión Europea, que exigían la adjudicación de al menos 130 iniciativas por un importe mínimo de 102 millones de euros.
Modificación por razones de interés público
El Gobierno justifica la modificación normativa por razones de interés público y para garantizar la plena absorción de los fondos europeos. El BOE señala que la reordenación de plazos evita "perjuicios graves y de difícil reparación" para las entidades locales, al tiempo que asegura la eficiencia en el uso de los recursos públicos sin comprometer los hitos ya cumplidos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La orden establece que los municipios que prevean incumplir el calendario inicial deberán solicitar formalmente una ampliación al Instituto para la Transición Justa antes de la finalización del plazo vigente. La prórroga no podrá implicar un incremento de la subvención concedida y los ayuntamientos deberán acreditar que los objetivos de los proyectos permanecen intactos y que no se perjudican derechos de terceros. Además, la fecha límite para justificar las actuaciones ejecutadas se fija en el 31 de agosto de 2028.
La modificación normativa responde también a las peticiones trasladadas por los propios ayuntamientos y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que habían advertido del riesgo de perder financiación europea en territorios especialmente afectados por la transición energética y el reto demográfico.
Las ayudas forman parte de la Estrategia de Transición Justa impulsada por el Gobierno para mitigar el impacto económico y social derivado del cierre de instalaciones energéticas intensivas en carbono. El objetivo es reforzar las infraestructuras públicas y los servicios básicos en estos territorios para favorecer la actividad económica, combatir la despoblación y facilitar una transición hacia una economía climáticamente neutra sin dejar atrás a las comunidades más afectadas.
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