El Gobierno impulsa un estándar de excelencia para acelerar el despliegue de renovables y baterías

El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo instrumento para acelerar el despliegue de las energías renovables en España con mayores garantías de integración social, territorial y ambiental. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado la tramitación de un real decreto que permitirá conceder de forma directa una subvención de 200.000 euros a la Asociación Española de Normalización (UNE) para desarrollar las normas técnicas que darán forma al futuro estándar de excelencia aplicable a los proyectos de energías renovables y al sello de excelencia para la producción de biometano.

El objetivo del Ejecutivo es dotar al sector de un sistema de acreditación común que permita distinguir aquellos proyectos que vayan más allá de las exigencias legales en aspectos como la protección ambiental, la participación ciudadana, la creación de empleo local o el retorno económico para los territorios donde se implantan. Aunque el estándar será de carácter voluntario, su obtención podrá facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones, favoreciendo, entre otras ventajas, la priorización en el acceso y conexión a la red eléctrica o la declaración de proyecto energético preferente.

Agilización de procedimientos administrativos

La iniciativa se enmarca en las medidas aprobadas por el Gobierno para reforzar la seguridad energética tras la crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio y responde al objetivo de acelerar el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. Según la documentación que acompaña al proyecto normativo, el desarrollo de estos estándares permitirá compatibilizar la agilización de los procedimientos administrativos con una mayor aceptación social de las instalaciones renovables y una implantación más equilibrada sobre el territorio.

El futuro estándar incorporará criterios más exigentes relacionados con la participación de la ciudadanía en los proyectos, la generación de empleo de calidad, la atracción de actividad económica e industrial, el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas, así como requisitos vinculados a la ubicación de las instalaciones y al ciclo de vida de los proyectos para reforzar su excelencia ambiental. El Gobierno considera que la normalización de estos criterios aportará mayor seguridad jurídica, reducirá los costes de tramitación para los promotores y contribuirá a disminuir la conflictividad territorial asociada al desarrollo de nuevas instalaciones energéticas.

Concesión directa de la ayuda

La elaboración de estas normas recaerá en la Asociación Española de Normalización (UNE), el único organismo de normalización reconocido oficialmente en España, una circunstancia que, según el Ministerio, justifica la concesión directa de la ayuda al no existir otras entidades que puedan desempeñar legalmente estas funciones.

La organización constituirá un comité específico en el que participarán representantes del sector energético, junto a entidades sociales y territoriales, encargado de redactar las futuras normas técnicas y sus mecanismos de acreditación en colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Todo el proceso estará supervisado por la Secretaría de Estado de Energía.

La subvención, financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2026, cubrirá los trabajos de elaboración, revisión y acreditación de las nuevas normas técnicas. El real decreto establece además que el importe se abonará de forma anticipada y sin necesidad de constituir garantías, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro y reconocida de utilidad pública.