La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha solicitado este lunes a las compañías eléctricas que hagan pública toda la información disponible sobre el apagón del pasado 28 de abril, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico. La ministra defendió que la “máxima transparencia” es necesaria para esclarecer lo ocurrido y subrayó que parte de los datos empleados en el informe del comité de análisis no pudieron difundirse por falta de autorización empresarial.
Aagesen afirmó que el Ejecutivo pidió expresamente a las empresas que permitiesen la publicación de las transcripciones utilizadas en la investigación, aunque esa autorización solo fue concedida por Red Eléctrica de España. “Creo que sería un buen ejercicio de transparencia que se hiciera pública cualquier información en lo referente al pasado 28 de abril”, aseguró, al tiempo que instó de nuevo a las compañías a facilitar esos materiales “por el bien de los ciudadanos y de esta Cámara”.
Suceso inédito e impredecible
Durante su intervención, la ministra defendió que el apagón fue un suceso “inédito e impredecible”, respaldándose en los informes elaborados por el comité de análisis gubernamental, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por ENTSO-E. Según explicó, los tres documentos coinciden en que el origen del incidente fue multifactorial y estuvo relacionado con un episodio de sobretensión “sin precedentes” en el sistema eléctrico español. Aagesen insistió en que, con la normativa y los mecanismos existentes el día del incidente, “no debería haber ocurrido lo que ocurrió”.
La vicepresidenta también rechazó que existieran señales claras previas que anticiparan el colapso del sistema eléctrico. “No tuvimos ninguna constancia a este respecto”, sostuvo, aunque reconoció que se habían producido episodios de tensión elevada en fechas anteriores que se gestionaban dentro de los procedimientos ordinarios de operación del sistema.
En relación con la seguridad del modelo energético derivado del despliegue renovable, Aagesen defendió que el Gobierno evaluó los riesgos asociados a la transición energética en el Plan Nacional Integrado de Energía y Climas, que incluye la seguridad energética como una de sus cinco dimensiones principales. Asimismo, recordó que ese plan fue actualizado en 2024 con participación de los distintos actores del sector y alineado con los objetivos europeos.
La ministra aseguró que la normativa vigente permitía evitar el incidente y rechazó que los informes técnicos atribuyan responsabilidades concretas a operadores o instalaciones. “Ni el informe del comité, ni el informe del ENTSO-E, ni el informe de la CNMC identifican responsabilidades”, señaló, subrayando que los procedimientos administrativos y judiciales en curso deberán determinar si las hubo y en qué grado.
Oscilaciones
Preguntada por las declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica que señalaban a una planta fotovoltaica como posible origen de las oscilaciones que precedieron al apagón, Aagesen evitó valorar esa afirmación y reiteró que ningún informe oficial responsabiliza de forma categórica a una instalación concreta. También insistió en que el operador del sistema cumple una función técnica objetiva centrada en garantizar la continuidad del suministro.
En el debate parlamentario surgieron referencias a comunicaciones previas entre operadores y empresas eléctricas publicadas en medios de comunicación, en las que se alertaba de episodios de oscilaciones de tensión días antes del apagón. La ministra respondió que esas informaciones deben contrastarse con los tres informes técnicos disponibles y reiteró que ninguno de ellos apunta a las energías renovables como causa directa del incidente.
Aagesen defendió además la política energética del Gobierno y sostuvo que el incremento del peso de las renovables ha reducido el uso del gas en el sistema eléctrico. Según explicó, la presencia de ciclos combinados pasó del 75% de las horas en 2018 al 19% en 2025, lo que, a su juicio, demuestra el impacto estructural del cambio de modelo.
Respecto al aumento del coste de las restricciones técnicas tras el apagón, la ministra afirmó que los consumidores acogidos al PVPC están pagando actualmente menos que el año anterior, pese a las medidas adicionales adoptadas para reforzar la seguridad del sistema. Añadió que el desarrollo del almacenamiento energético y de nuevas capacidades técnicas sigue siendo prioritario, aunque su despliegue depende también de la aprobación de legislación en el Parlamento.
Firuláis
23/03/2026