El Gobierno podrá revisar los cargos del gas a mitad del año en situaciones extraordinarias

El Gobierno permitirá modificar los cargos regulados del sistema gasista una vez iniciado el año gas cuando concurran circunstancias extraordinarias que obliguen a sufragar nuevos costes o a responder con urgencia a alteraciones del mercado. La medida forma parte del proyecto de real decreto con el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualizará la metodología de cálculo de los cargos, la retribución de los almacenamientos subterráneos y los cánones de acceso de cara al próximo periodo regulatorio, que comenzará el 1 de octubre de 2026.

La principal novedad de la reforma consiste en flexibilizar el procedimiento de aprobación de los cargos unitarios del sistema gasista. Aunque estos seguirán fijándose con carácter general antes del inicio del año gas, el Ministerio podrá aprobar nuevos cargos o modificar los existentes durante ese mismo periodo mediante orden ministerial, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Esta posibilidad quedará reservada a costes sobrevenidos no vinculados al uso de las infraestructuras que hayan sido definidos por una norma con rango de ley y respondan a situaciones extraordinarias del mercado o permitan acelerar la recuperación de costes reconocidos.

Mayor capacidad de reacción

La memoria que acompaña al proyecto justifica este cambio por la necesidad de dotar al sistema de mayor capacidad de reacción ante episodios excepcionales. El documento señala que la normativa vigente obliga a esperar al siguiente año gas para introducir nuevos cargos, lo que retrasa la recuperación de los costes soportados por las empresas y puede provocar incrementos más bruscos de los cargos en ejercicios posteriores para compensar esas cantidades pendientes. La reforma pretende evitar esa volatilidad y facilitar una respuesta inmediata cuando surjan nuevos costes regulados o disminuyan los ingresos previstos del sistema.

El proyecto también modifica la estructura de los cargos para permitir la creación de figuras específicas dirigidas únicamente a los agentes que originan determinados costes, evitando que estos se distribuyan entre todos los consumidores. En este sentido, el Gobierno plantea la posibilidad de establecer cargos de aplicación directa a comercializadores, consumidores directos en mercado u otras categorías de usuarios cuando exista una relación directa entre el coste y su actividad. La medida responde al principio de causalidad de costes y tiene como primer objetivo cubrir la retribución de la gestión de garantías del sistema gasista, una función atribuida al operador del mercado organizado de gas.

Otra de las modificaciones relevantes será el adelanto del inicio del tercer periodo regulatorio al 1 de octubre de 2026, en lugar del 1 de enero de 2027. Con ello, el Ejecutivo pretende sincronizar el calendario regulatorio con el denominado año gas, establecido por la normativa europea entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre, evitando tener que calcular durante tres meses unas retribuciones con la metodología antigua y, a partir de enero, volver a hacerlo con la nueva. Según el Ministerio, esta adaptación simplificará la gestión administrativa y aportará mayor previsibilidad a las empresas del sector.

Régimen retributivo de los almacenamientos subterráneos básicos

La propuesta también revisa el régimen retributivo de los almacenamientos subterráneos básicos para adaptarlo al elevado grado de amortización de estas instalaciones. Entre las novedades figura la creación de un incentivo para fomentar una adquisición más eficiente de suministros destinados a operación y mantenimiento, el reconocimiento del 90% de los costes de compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y un nuevo incentivo orientado a preservar la fiabilidad y valorización de activos con un elevado nivel de amortización. Asimismo, se simplifican algunos procedimientos administrativos vinculados al reconocimiento de costes y se aclara que la retribución por mejoras de productividad no podrá resultar negativa.

En materia ambiental, el proyecto mantiene la exención del pago de cargos unitarios para el gas renovable inyectado en el sistema, siempre que su origen quede acreditado mediante el sistema de garantías de origen previsto en la normativa vigente. El Ministerio considera que esta medida contribuye a mejorar la competitividad de los gases renovables y favorece el desarrollo de nuevos proyectos, reforzando los objetivos de descarbonización.

Según la memoria de análisis de impacto normativo, las modificaciones permitirán asignar con mayor precisión los costes del sistema a los agentes que los generan y reaccionar con mayor rapidez ante situaciones de emergencia, sin incrementar la retribución global respecto al periodo actual. El Gobierno sostiene que la reforma contribuirá a preservar la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista y a adaptar su funcionamiento a las nuevas necesidades regulatorias y a la evolución del mercado.