El Gobierno tiene previsto aprobar una nueva prórroga para que los afectados por la crisis de la COVID-19 se puedan acoger al bono social de la luz y el bono social térmico hasta el próximo junio de 2021. Fuentes del Ejecutivo aseguran que ha habido acuerdo para extenderlo pero siempre bajo el requisito de "que se haga declaración fehaciente de cumplir los requisitos de renta".
Es decir, que los ingresos de los afectados hayan caído hasta los umbrales recogidos en la normativa del bono social. Según lo aprobado por el Gobierno desde hace seis meses, pueden ser nuevos beneficiarios (25% de descuento) por circunstancias económicas relacionadas con el COVID 19 los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad a causa de la crisis y los trabajadores autónomos con un descenso de su facturación de un 75% de promedio respecto al semestre anterior a causa de la COVID-19.
Para ambos casos, se aumentan los niveles de renta a partir de los cuales pueden acceder al 25% de descuento en la factura eléctrica. Así, podrán acogerse a este descuento cuando su renta o la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca sea de las siguientes formas:
- ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas si no hay ningún menor en la unidad familiar: 18.799€/año
- ≤ 3 x IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 1 menor en la unidad familiar: 22.559€/año
- ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 2 menores en la unidad familiar 26.318€/año.
Sin embargo, el Gobierno dejará de prohibir los cortes de los suministros básicos de luz, gas y agua para todos los consumidores. Hasta este 30 de septiembre, los consumidores podían no pagar las facturas, pero la referida a septiembre será la última.
Según señalan fuentes del Gobierno a este diario con esta medida no desaparecen los derechos recogidos en el bono social. Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de 2 meses).
Tampoco se podrá interrumpir el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social en los casos más severos, en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
"El consumidor vulnerable tiene ya un sistema de 4 meses de protección desde el momento del impago y eso nos permite ver en detalle si hay algo que necesite ajuste. De hecho eso es el objeto de la estrategia de pobreza energética que queremos ultimar con todo el rigor", señalan las fuentes.
Fuentes del mercado explican a este diario que la situación de las pequeñas comercializadoras no es tan buena como para seguir aguantando impagos por parte de los consumidores. Aunque con la situación vivida de precios bajos las comercializadoras han podido capear la crisis hasta ahora, en algunos casos la situación está al límite y muchas de ellas van a sufrir numerosos impagos por parte de pymes y autónomos que no han conseguido levantar su negocio por la crisis.
"Si finalmente se extiende el pago de los ERTE hasta el 31 de enero, ayudará a que las comercializadoras no tengan tantos impagos", aseguran fuentes del mercado.
En definitiva, el bono social de la luz seguirá dando cobertura a los afectados por la crisis y a los consumidores vulnerables.
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