El juez rechaza la petición de Galán para declarar por videoconferencia sobre los encargos a Villarejo

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, finalmente tendrá que acudir a la Audiencia Nacional el próximo martes para declarar por los supuestos encargos realizados al comisario José Manuel Villarejo, puesto que el juez instructor ha rechazado su petición para comparecer por videoconferencia ante el repunte de los contagios de coronavirus.

En un auto de este mismo viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, ha contestado así al escrito presentado el 4 de enero por Sánchez-Galán, en el que proponía la opción telemática alegando que forma parte de un "grupo de riesgo".

El magistrado ha denegado igualmente la solicitud formulada en el mismo sentido por el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, que está citado para el 17 enero.

García-Castellón recuerda que la ley configura la videoconferencia como "una opción subsidiaria respecto a la vía principal, que es la declaración presencial", sin que identifique "motivos sustanciales" que justifiquen recurrir a la vía telemática.

"No se razona qué interés de utilidad o conveniencia para la causa puede presentar la declaración en los términos expuestos (...), ni se alude a motivos de orden público o seguridad como fundamento, sino que solo se hacen genéricas referencias a la situación sanitaria", reprocha.

García-Castellón apunta además que, si bien Orbegozo propuso declarar desde los juzgados de Bilbao o Getxo, Sánchez-Galán no dio alternativa, avisando de que, "en el caso que se pretendiera hacer la declaración desde el propio domicilio del investigado, ello impediría de dar fe de la validez del acto".

A este respecto, recuerda "la importancia que tiene para un investigado la necesidad de asegurar el efectivo disfrute de sus derechos en condiciones idóneas para su ejercicio, pues de ello dependerá, en esencia, la validez del procedimiento".

RAZONES DE SALUD U ORDEN PÚBLICO

No obstante, el juez instructor deja a salvo "la posibilidad de que cualquiera de los investigados pudiera alegar razones personales de salud u otras de orden público para justificar su incomparecencia, si por ejemplo estuviera enfermo o sufriera alguna imposibilidad o percance".

En ese caso, avanza el magistrado, "se valoraría la oportunidad de la realización de la declaración por medio de videoconferencia, en condiciones que permitan garantizar la salvaguarda del derecho de defensa".

Sánchez Galán adujo en su escrito que la variante Ómicron "plantea una gran preocupación al estar asociada con una reducción significativa en la efectividad de la vacuna y una mayor probabilidad de reinfecciones", lo que obliga a "evitar los lugares abarrotados o poco ventilados".

"Mi representado (...) ha extremado ya desde hace semanas las medidas de prevención para la preservación de su salud, con limitación al máximo de los desplazamientos y de los encuentros presenciales, que han sido sistemáticamente sustituidos por reuniones telemáticas", dijo su defensa.

En este contexto, argumentó que "la videoconferencia permite compatibilizar la debida atención del requerimiento judicial (...) con la evitación del desplazamiento a la sede del juzgado".

Reivindicó que es una medida necesaria para "minimizar el riesgo" de contago, máxime cuando la Audiencia Nacional "cuenta con los medios técnicos adecuados para la práctica" de la videoconferencia.

RONDA DE DECLARACIONES

Con todo, Sánchez Galán tendrá que desplazarse físicamente a la sede judicial, que el pasado diciembre puso día y hora para una declaración como imputado que ya anunció en verano por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

Para el mismo martes está citado el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, mientras que el ex consejero-director general de Negocios Francisco Martínez Córcoles y Orbegozo tendrán que comparecer el 17 de enero. El día 20 será el turno de Iberdrola Renovables.

Al imputar a Sánchez Galán y los tres ex directivos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón explicó que desde sus respectivos puestos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación.

En esta pieza número 17 de 'Tándem' --la macrocausa que disecciona los muchos y variados servicios prestados por Villarejo a título privado-- se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017.

CINCO PROYECTOS

Según el relato judicial, el primer proyecto de Villarejo para Iberdrola habría sido 'Arrow', que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.

Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'. El primero habría consistido en investigar a un directivo de Iberdrola, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.

Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind' para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.

En el auto de imputación, el juez García-Castellón indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.