El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que hay actualmente activos 1.041.612 bonos sociales eléctricos de un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas a falta de unos días para que el 31 de diciembre finalice la prórroga para solicitarlo y acceder directamente al térmico.
De los más de un millón de bonos sociales eléctricos, 544.570 corresponden a consumidores en situación de vulnerabilidad, 494.372 a consumidores en situación de vulnerabilidad severa y 2.670 a personas en riesgo de exclusión social, de acuerdo con los últimos datos disponibles.
A partir del 31 de diciembre, los consumidores podrán seguir solicitando el bono social eléctrico en cualquier momento, pero no tendrán acceso al bono térmico, contemplado como una ayuda urgente para este invierno, y deberán esperar a las nuevas medidas que defina la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, según ha indicado el Ministerio.
Asimismo, todos los beneficiarios del bono social eléctrico anterior a 2017 que no solicitaron su renovación antes del 8 de octubre de este año tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar su solicitud.
Ello les permitirá recibir las cantidades atrasadas del bono social eléctrico que dejaron de percibir desde 8 de octubre por no haber solicitado la renovación.
El bono térmico es una ayuda que se concederá este invierno a los beneficiarios del bono social eléctrico para ayudarles a pagar los gastos del combustible que utilicen para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
Los beneficiarios del bono social eléctrico recibirán una única aportación en metálico según su nivel de renta y de la zona climática donde esté la vivienda.
En este contexto, el Gobierno ha sacado a consulta pública la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para que, hasta el próximo 17 de enero, particulares, organizaciones y asociaciones puedan hacer sus aportaciones, que serán analizadas y tenidas en cuenta con el objetivo de dar respuesta a las necesidades sociales en materia de pobreza energética.
La consulta se estructura a través de cuatro cuestiones abiertas donde se pregunta sobre qué factores deben tenerse en cuenta para identificar las situaciones de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas, si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico deben mantenerse en los términos actuales o hay que reformarlos o sobre qué medidas tendrían mayor incidencia.
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