El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, declarará el miércoles ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como testigo de las indemnizaciones millonarias percibidas por la cúpula de Abengoa poco antes de que la compañía declarase el preconcurso de acreedores.
Para ese mismo día está prevista la comparecencia, siempre en calidad de testigo, del exconsejero Javier Benjumea, hermano del expresidente de la firma sevillana Felipe Benjumea investigado por el cobro de 11,4 millones de euros tras su cese al frente de la multinacional.
La acusación, ejercida por la Plataforma de afectados por Abengoa, cree que existen indicios de que tanto el expresidente como su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega habrían incurrido en una presunta administración desleal al aceptar tales cantidades en un momento de crisis.
Sin embargo, los integrantes del consejo de administración, entre ellos el exministro de Obras Públicas Josep Borrell, defendieron ante la juez instructora que no se opusieron a los pagos porque eran "normales" al estar reconocidos por contrato.
Unos argumentos que no convencen a la Plataforma, que ha solicitado el procesamiento de Benjumea y Sánchez Ortega como paso previo a la apertura de juicio oral al estimar que "la excusa de que 'todo es legal, pues está amparado por contratos', no deja de ser más que un brindis al sol".
La acusación afronta con optimismo esta nueva ronda de declaraciones en su afán por destapar las supuestas irregularidades cometidas en el consejo de septiembre de 2015.
En este sentido, los representantes de los bonistas confían en que la "clave" de esta fase de instrucción esté en la intervención de Echenique, que habría puesto como condición para la inyección de capital en la compañía el cese de Benjumea, según apuntaron los consejeros ante la juez.
Para el próximo miércoles también han sido citados el directivo de HSBC Pablo López y el abogado Ignacio Gómez Sancha, exsecretario del consejo de Inversión Corporativa, accionista mayoritario de Abengoa que agrupa las participaciones de los socios fundadores, entre ellos la propia familia Benjumea, entre 2013 y 2015.
La causa contra Benjumea y Sánchez Ortega se inició el pasado diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían "asegurar su permanencia en el cargo".
Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que se enfrenta además a un presunto uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.
Actualmente, la multinacional española y sus acreedores, entre los que está el Banco Santander, ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso.
Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado 28 de marzo un tiempo adicional -que la normativa fija en siete meses- para presentar un plan de reestructuración definitivo de acuerdo con sus acreedores.
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