Por fin, después de una larga espera de dos años, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha comparecido en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados. Tras una larga exposición de dos horas, se ha quejado de "desproporcionadas" las críticas sobre su gestión realizada por la Asociación ASTECSN de técnicos de este órgano regulador, y ha mostrado su "honda preocupación" por su impacto en la opinión pública.
Se refería Marti a la carta que esta asociación envió a los representantes políticos sobre el duro clima laboral y la "auténtica caza de brujas" que viven los trabajadores del CSN desde la llegada de Fernando Marti a la presidencia.
"Esa carta mina la confianza de ciudadanos y sociedad en el organismo regulador, cuya situación en nada se asemeja al caos y alarma" denunciados en la misma, ha subrayado Martí, quien, a continuación, ha pasado a leer la carta de respuesta a la citada asociación que el Pleno del CSN aprobó por unanimidad el pasado 10 de octubre.
Pese a que había otras cuestiones pendientes de resolver como los fallos en las centrales nucleares, los informes sobre el emplazamiento del ATC o el de Garoña, la comparecencia se ha centrado en la falta de transparencia y opacidad del organismo regulador, que Marti ha negado. No obstante, sí ha pedido disculpas a los diputados por no haber presentado el plan de comunicación para mejorar la información pública sobre la actividad del CSN prometido en el Parlamento para hace un año, y sobre el que ha dicho que "estará en breve, podría ser en un mes o dos".
Futuro de Garoña
A las preguntas de los parlamentarios sobre el informe de la central nuclear de Garoña, el presidente del CSN ha dicho que está a la espera de que Nucleor, la empresa participada por Endesa e Iberdrola titular de la central, "cumpla las condiciones" que le puso para plantearse autorizar su reapertura.
Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, "ensayan" con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años.
"La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor", ha remarcado la diputada socialista Pilar Lucio, quien ha asegurado que "el Parlamento debe ser informado de estas intenciones".
"Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central", ha insistido el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien ha exigido al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña "hasta que no haya nuevo Gobierno".
La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también ha acusado a Martí de "seguir dando curso" a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central de la mayoría parlamentaria, a lo que este ha contestado que "el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña".
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