El PSOE reclama que las empresas distribuidoras e instaladoras de gas tengan las mismas condiciones para poder realizar inspecciones en los puntos de suministro, ya que cree que en estos momentos la regulación ofrece a las primeras "condiciones más ventajosas" para ofrecer este servicio.
Así figura en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el diputado socialista Ricardo Cortés Lastra ha registrado en el Congreso para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
En su iniciativa, el diputado hace referencia la regulación del mercado organizado de gas y acceso de terceros a las instalaciones de gas, y posterior desarrollo reglamentario, por el cual se amplió a cualquier empresa instaladora habilitada de gas la posibilidad de realizar estas inspecciones, que antes estaban realizadas exclusivamente por distribuidoras.
Sin embargo, detecta "tres gravísimos problemas" que afectan a las instaladoras que pretenden realizar esta actividad y que les condena a una situación desfavorable frente a las empresas que ostentaban el monopolio de las inspecciones.
SOLO LAS DISTRIBUIDORAS CUÁNDO Y DÓNDE HACER LA INSPECCIÓN
Así, señala que únicamente las distribuidoras disponen de la información precisa de cuándo y dónde ha de realizarse una inspección, algo que aprovechan, en virtud de la economía de escala, para agrupar las inspecciones en un mismo edificio o finca y ahorrarse costes, especialmente en desplazamiento y tiempo.
Asimismo, también cree que la facturación "se está revelando perjudicial para instaladoras que han efectuado la inspección", pues se obliga a informar a sus competidores directos, la empresa comercializadora, del precio al que cobran la inspección a su cliente.
También denuncia un "proceso interminable" en el cobro de la factura, lo que permite, asegura, el retraso en los pagos "bastantes meses después de prestado el trabajo", por encima delos plazos establecidos en la ley sobre morosidad en operaciones comerciales.
LOS PLAZOS JUEGAN EN CONTRA DE LAS INSTALADORAS
Por último, señala que los plazos para realizar estas inspecciones perjudican a las empresas instaladoras y por el modo en el que la distribuidora comunica al usuario conectado a su red que ha de pasar la inspección en su instalación.
Por plazos, una instaladora dispone de 45 días desde que el usuario recibe la carta, la distribuidora dispone de un plazo "infinitamente más largo", que se extiende desde los 45 días hasta cualquier fecha posible dentro del año natral de vencimiento de lafecha de puesta en servicio de la instalación o de la fecha del último certificado de inspección periódica realizada.
Respecto al modo de comunicación, la carta señala la fecha de remisión al usuario como momento a partir de la cual la compañía distribuidora fija una fecha límite, no inferior a 45 días, para que la inspección pueda ser realizada por una instaladora.
De esta forma, este día debe ser, en todo caso, la fecha del acuse de recibo de su recepción. Si un usuario de gas abre su correspondencia 45 días después de la fecha señalada en la comunicación, automáticamente no puede contratar servicios de una instaladora, al haber transcurrido 45 días.
FACILITAR LOS DATOS POR IGUAL
Por todo ello, el PSOE llama a "potenciar y seguir avanzando en la plena liberalización del servicio de inspección de instalaciones de gases combustibles por canalización", facilitando a las instaladoras los datos de última inspección y puntos de suministro que tienen planificada inspección.
"Esto evitaría la actual asimetría de información favorable a la compañía distribuidora y evitaría que la distribuidora compitiera, como actualmente lo hace, en condiciones más ventajosas en el ofrecimiento de este servicio de inspección", concluye el PSOE.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios