El PSOE y socios parlamentarios en el Congreso ultiman sus enmiendas al proyecto de ley que establece un impuesto mínimo global para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, una norma que podría añadir nuevos gravámenes y que también determinará la permanencia o no del tributo extraordinaria a banca y energéticas.
Después de diez plazos de ampliación, La Junta de Portavoces ha acordado que este miércoles el cierre del plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto legislativo, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Además de este plazo de enmiendas, también se cierran el miércoles los plazos de presentación de enmiendas parciales al proyecto de movilidad sostenible y de enmiendas de totalidad a la ley que crea la nueva Autoridad del Cliente Financiero.
La norma en cuestión tiene por objeto transponer la directiva europea para una imposición mínima del 15% a empresas multinacionales, que serán aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea igual o superior a los 750 millones de euros.
Añadir más impuestos
Al margen de esto, tanto los partidos que conforman el Gobierno como los grupos parlamentarios de la Cámara Baja aprovecharán el trámite parlamentario para proponer nuevos impuestos y decidir el futuro del impuesto a banca y energéticas, que vence el próximo 31 de diciembre y ha dividido a los socios que sostienen la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.
Por un lado, PNV y Junts han incidido en la importancia de que la tasa no perjudique a las empresas, sobre todo después de que Repsol anunciara que trasladaría inversiones a Portugal por la fiscalidad española.
En concreto, los vascos han avisado que no apoyará la continuidad de la tasa si esta no se convierte en un impuesto, puesto que ahora es una prestación patrimonial no tributaria y País Vasco y Navarra no pueden gestionarla. Así, los nacionalistas quieren que la figura sea un tributo y poder concertarlo y "graduarlo" en su territorio, según explicó hace dos días el portavoz de la formación en el Congreso, Aitor Esteban.
De su lado, Junts ha dicho que no apoyará el impuesto si este perjudica las inversiones en Cataluña y, concretamente, en Tarragona, donde Repsol tiene previsto invertir 1.100 millones de euros en un proyecto para convertir residuos urbanos en combustible.
Enfrente están Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y Sumar, socio minoritario del Gobierno. Todas estas formaciones son proclives a convertir en permanente el impuesto tal como está concedido ahora a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios.
Continuidad del gravamen a las energéticas
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseveró que hacer permanente este impuesto "es obligatorio" para reequilibrar la balanza fiscal", mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, defiende mantener el impuesto a empresas como Repsol porque emite el 62% del dióxido de carbono (CO2) en el Ibex35.
Y en medio de todo está el PSOE y el Ministerio de Hacienda, que en 2024 ingresó 2.859 millones de euros con estos impuestos. Los bancos aportaron 1.695 millones, mientras que las empresas energéticas abonaron 1.164 millones.
Desde el Gobierno se ha propuesto que en el impuesto a energéticas se puedan deducir inversiones en energías renovables, mientras que en el tributo a la banca, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que no debería restringir el crédito que conceden las entidades a compañías y particulares.
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