El sector financiero internacional reconoce que a día de hoy todavía hay quienes les intentan dar gato por liebre cuando acuden en busca de financiación para proyectos supuestamente sostenibles, es decir, lo que popularmente se conoce como 'greenwashing'. Se corre el riesgo de que se dañe la credibilidad de toda la industria y que no se sepa a ciencia cierta dónde se invierte el dinero de los inversores.
Por eso, su prioridad es que haya una normativa que sea capaz de ayudar a detectar las inversiones que realmente son "verdes" de las que no. De hecho, ya hay más de 50 organizaciones que apoyan la creación de una lista (taxonomía) de lo que es ambientalmente sostenible recopilada por un grupo de expertos de la Comisión Europea. Las entidades necesitan saber cómo detectar aquellas actividades que son realmente sostenibles y que sirvan para reducir las emisiones de CO2 de manera significativa.
Se precisa un lenguaje común, que puedan emplear tanto los emisores de deuda como los inversores potenciales, para que se puedan desarrollar estos mercados y la UE está trabajando en ello. Se espera que a finales de este año entre en vigor esta nueva regulación, aunque será de obligatorio cumplimiento a partir de abril de 2020.
"A nivel internacional las finanzas y las inversiones tal y como las conocemos son una especie en vías de extinción", ha dicho Helena Viñes, responsable del equipo de análisis de sostenibilidad de BNP Paribas, al referirse al proceso de transformación que está experimentando el sector financiero en todo el mundo en la presentación del informe "La inversión sostenible y responsable en España 2019" de Spainsif.
En esa misma línea Steffen Hörter, responsable global de ASG de Allianz Global Investors, ha señalado que "nos encontramos en una transformación masiva del sector financiero, no hay nadie a quien no le afecte y la normativa que la UE apruebe al final tendrá una repercusión internacional, ya que prácticamente todas las entidades financieras tienen intereses en cualquier parte del mundo", y sus decisiones influirán más allá de las fronteras del Viejo Continente".
"Europa aspira no solo a que el sector gestione mejor sus externalidades sociales y medioambientales, sino a convertirlo en el vector del cambio hacia una economía hipocarbónica, sostenible e inclusiva”, ha puntualizado Viñes.
Por su parte Augusto Caro, analista financiero y director de Inversiones de Renta Variable y Mixto de Bankia AM, ha asegurado que "hay que evitar el 'greenwashing', y desde cualquiera gestora de activos necesitamos saber qué es un bono verde y que no, y habrá que valorarlo teniendo en cuenta las características generales: riesgo crediticio, tamaño de la emisión, liquidez de la inversión, etc" pero también "habrá que comprobar y certificar que ese capital se destine a inversiones medioambientales o socialmente sostenibles, así que también tendrán que responder a cómo contribuyen a los objetivos ambientales o no, y para ello se necesita de un reporting o de una auditoría externa".
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"La UE ha sido muy atrevida y ha dado un gran paso para las finanzas sostenibles", ha concluido Hörter, "se necesitan verificadores o certificadores porque tener proyectos que solo buscan un lavado de cara es muy peligroso, una figura que informe sobre la asignación que se realiza de la inversión en temas ASG (ambiental, social y de gobernanza), que sea gradual y que pueda medir los impactos de la huella de carbono o su reducción para demostrar que se está haciendo bien".
Mientras se espera que la regulación establezca cómo hilar fino para detectar las inversiones realmente sostenibles y responsables (ISR) de las que no, su número continúa aumentando año tras año. En el caso concreto de España, solo en 2018 ha alcanzado la cifra de 210.644 millones de euros gestionados, lo que supone un incremento del 13,5% respecto al año anterior. Según el documento, del total de los 210.644 millones de euros en activos bajo gestión ASG en España, 191.278 millones de euros pertenecen a activos gestionados por entidades nacionales y 19.366 millones de euros a activos de entidades internacionales.
El sector de inversión sostenible en todo el mundo ha crecido en los últimos 10 años, con fondos de inversión sostenibles que atraen alrededor de 30 billones de dólares, un tercio del total de los activos bajo administración.
Y eso que el conjunto del patrimonio de las IICs (Instituciones de inversión colectiva) a nivel mundial se estancaron en 2018 respecto al año anterior por la volatilidad de los mercados financieros, por las fuertes correcciones en los principales índices bursátiles internacionales (en España elIBEX 35 sufrió una caída del 15%) y, por otro lado, de las primas de riesgo soberanas, que en el área del euro aumentaron, y los tipos de interés de la deuda emitida por las empresas.
Sin embargo, según señala el informe de Spainsif, "a escala mundial las inversiones sostenibles crecieron entre 2016 y principios de 2018 en un 32%. Concretamente en Europa este crecimiento fue del 11% hasta alcanzar los 14,1 billones de euros, aunque no tenemos datos de cuál habrá sido el comportamiento de este mercado en este último año. No obstante, todo parece prever que el aumento en la demanda de productos ISR por parte de los inversores, el apoyo de las instituciones internacionales y los Estados, en temas relacionados con la sostenibilidad, y el mayor control del riesgo que ofrece la ISR sirvan para que este mercado siga creciendo tanto en volumen como en calidad".
Se espera que a partir de 2020 se necesite un trillón de dólares anuales a nivel mundial en emisiones de bonos verdes, lo que hace presagiar que si la regulación es estricta y la taxonomía se ajusta a las necesidades del mercado, cada vez la inversión sostenible dejará de ser una tendencia y se convertirá en un proceso sin retorno.
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