Ningún comentario La Asociación Española del Gas (Sedigás) ha valorado de forma positiva la creación del mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español, pero ha reclamado al Gobierno la convocatoria urgente de subastas y la definición del desarrollo normativo para garantizar la viabilidad económica de las centrales de ciclo combinado como respaldo del sistema.
La patronal gasista considera que esta medida, adoptada por el Ejecutivo tras casi seis años de tramitación, supone "un paso que reconoce una realidad": la necesidad de disponer de potencia firme y gestionable para garantizar la seguridad de suministro frente a la intermitencia de las energías renovables.
La orden dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece un mecanismo centralizado de subastas de potencia firme en el que podrán participar productores, instalaciones de almacenamiento, consumidores y agregadores de demanda.
Las subastas y la patronal del gas
Su aprobación, afirma Sedigás, responde a las advertencias de Red Eléctrica de España (REE) y de la red europea de operadores (ENTSO-e), que desde 2023 han venido detectando riesgos de déficit de cobertura por encima de los estándares de fiabilidad regulatorios.
"Llevamos años señalando que el sistema eléctrico necesita un mecanismo de capacidad para remunerar la potencia firme que da respaldo a las renovables. La aprobación de esta orden es una buena noticia y un paso que reconoce una realidad: sin ciclos combinados disponibles, la seguridad de suministro del sistema eléctrico español está en riesgo", ha declarado el presidente de Sedigás, Joan Batalla, en un comunicado.
Pese al visto bueno al marco general, la patronal gasista subraya que la eficacia real de este mercado dependerá del detalle con el que se concreten las reglas de desarrollo y la convocatoria de las primeras subastas.
En este sentido, Sedigás pide que la fijación de los "coeficientes de firmeza" reconozca adecuadamente la aportación diferencial de los ciclos combinados frente a otras tecnologías con menor disponibilidad.
En materia medioambiental, aunque las instalaciones existentes deberán acreditar un máximo de 550 gramos de CO2 de origen fósil por kilovatio hora, la norma abre la puerta a límites globales de emisiones en subastas principales que podrían excluir a plantas que sí cumplan el requisito individual.
Por ello, la asociación urge a que esta aplicación sea compatible con la disponibilidad de la potencia firme efectiva que demanda el sistema.
Asimismo, Sedigás alerta de que la normativa actual no define un procedimiento claro de cierre o hibernación para las centrales que acudan a las subastas y no resulten adjudicatarias, lo que genera incertidumbre económica.
A ello se suma la fijación de un periodo de prestación del servicio de doce meses para las instalaciones existentes, un horizonte que la patronal tilda de "insuficiente" para dar visibilidad a inversiones de gran calado o de extensión de vida útil.
Ante este escenario, la asociación que representa al sector del gas en España ha solicitado al Gobierno agilizar la normativa de desarrollo pendiente y concretar el procedimiento de operación para dar comienzo a las subastas con la mayor celeridad posible.
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