El sector gasista español ha valorado positivamente la aprobación del plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que ha tildado como "una respuesta necesaria y proporcionada ante el actual contexto internacional", de volatilidad y riesgo de seguridad de suministro por el conflicto en Oriente Medio.
"El conjunto de medidas adoptadas incorpora actuaciones relevantes para mitigar el impacto inmediato de esta situación sobre consumidores y tejido productivo, y refleja la capacidad del marco regulatorio español para responder con agilidad ante perturbaciones externas de esta naturaleza", ha subrayado la Asociación Española del Gas.
Entre otros, el sector ha celebrado la flexibilización temporal de los contratos de suministro de gas natural, que permite a los consumidores industriales adaptar el caudal contratado, modificar el escalón de peaje o suspender temporalmente el contrato sin incurrir en costes adicionales hasta el 31 de diciembre de 2026.
"Esta medida, de eficacia contrastada en episodios anteriores de tensión energética, ofrece a las empresas la seguridad necesaria para gestionar una reducción de actividad productiva sin cargas contractuales desproporcionadas. Además, contribuye a preservar el empleo y la competitividad en los sectores industriales más expuestos", ha destacado.
El mantenimiento de tipos impositivos reducidos en el Impuesto sobre Hidrocarburos para el gas natural y la aplicación del IVA al 10% hasta el 30 de junio de 2026 son medidas que el sector también valora como necesarias para contener el coste energético de los hogares.
Las meidas anticrisis
No obstante, el sector ha llamado la atención sobre la vigencia limitada al primer semestre del año de estas reducciones fiscales. "En un contexto en el que la duración e intensidad del conflicto permanece incierta, la falta de visibilidad sobre la continuidad de las medidas más allá del 30 de junio introduce un elemento de incertidumbre para la planificación tanto de los consumidores como de los propios agentes del mercado", ha apuntado.
Así, el sector ha solicitado al Gobierno que, en función de la evolución de los precios, evalúe con suficiente antelación la necesidad de prórroga de estas medidas.
Si bien es consciente de que el real decreto ha sido diseñado como una respuesta de emergencia, con medidas de activación y extinción vinculadas a la evolución efectiva de los precios, ha animado al Gobierno a mantener un seguimiento cercano de la evolución del contexto y a actuar con la misma agilidad demostrada en la aprobación de este real decreto-ley "si las circunstancias lo requiriesen".
Seguridad de suministro
Por otro lado, la asociación ha saludado la asignación extraordinaria de capacidad de almacenamiento subterráneo a canon cero, que es considerada una medida adecuada por su impacto inmediato para la seguridad de suministro.
En este ámbito, el sector considera oportuno que, en la implementación de la medida, se apliquen plenamente los márgenes de flexibilidad previstos en la normativa europea en relación con la gestión de los almacenamientos, especialmente en el actual entorno de alta volatilidad de precios.
Finalmente, el sector valora que se haya optado por un mecanismo de obligación similar al ya existente para biocarburantes en el transporte, que ofrece predictibilidad regulatoria a los inversores y sienta las bases para el desarrollo de un mercado doméstico de biometano capaz de contribuir simultáneamente a la descarbonización y a la diversificación de fuentes de suministro.
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