El Senado vota este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible con una enmienda del PP para prorrogar Almaraz

El Senado votará este miércoles el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible al que se han incorporado 85 enmiendas del PP, entre ellas una que suprime la "fecha de cese definitivo" de las centrales nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes.

Este proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, se vota mañana en el pleno del Senado después de que el lunes pasado recibiera la aprobación de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la cámara alta.

El dictamen del Senado sobre dicha ley, que salió adelante en la comisión con los únicos votos a favor del PP, será previsiblemente aprobado mañana por el pleno de esta cámara -en la que el grupo popular tiene mayoría absoluta-, tras lo cual volverá al Congreso, que deberá refrendarlo.

Si el Senado introduce veto o enmienda, el texto tiene que volver, junto con un mensaje motivado, al Congreso para su eventual ratificación.

En la cámara baja, si el PP consigue el apoyo de Vox y Junts, podría sacar adelante dicha enmienda, al mismo tiempo que el Ministerio de Transición Ecológica tramita la petición formal que han presentado las eléctricas propietarias de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- para alargar la vida útil de la central extremeña.

Aunque Junts votó en el Congreso a favor de esta ley, consensuada por el PSOE y sus socios, también permitió con su abstención que se aprobara hace unos meses en esa cámara una proposición de ley del PP, que también apoyó Vox, en favor de prorrogar la vida útil de las nucleares.

La Ley de Movilidad Sostenible

Antes de su tramitación en el Senado, el texto fue aprobado por el pleno del Congreso el pasado 8 de octubre, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento cerraron un acuerdo con el Ministerio de Transportes que permitió que el proyecto saliera adelante.

La aprobación de esta ley, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Sus principales objetivos son descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.

Para ello crea un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano.

La ley, que se presentó en la legislatura anterior y decayó por la convocatoria anticipada de elecciones, también apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales y prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.

Asimismo, permitirá cerrar el nuevo modelo concesional de transporte de viajeros por autobús, en el que el Gobierno pretende que las comunidades asuman sus tráficos intrarregionales, aunque, dado que regiones del PP han mostrado su rechazo a este nuevo modelo, el Ejecutivo se compromete a no suprimir ninguna parada.