El Tribunal Supremo no tiene la más mínima intención de paralizar la tramitación de los recursos presentados por miles de productores de renovables contra las dos reformas eléctricas por el ‘hachazo’ a la retribución de las energías limpias, como pretende el Ministerio de Industria y se lo ha pedido la Abogacía del Estado. Según han confirmado a El Periódico de la Energía fuentes del Alto Tribunal, “el Supremo va a continuar haciendo su trabajo y así se lo hará saber a la Abogacía del Estado”.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tienen muy clara cuál es su función y el mandato que tienen, por lo que continuarán su trabajo para esclarecer el calado y las responsabilidades en las que podrían haber incurrido los dos últimos gobiernos de PSOE y PP en relación con los recortes de las primas del régimen especial. El Ministerio de Industria pretende que el Tribunal Supremo suspenda la tramitación de los miles de recursos que acumula contra las dos reformas eléctricas por recortar las primas a las renovables. Por ello, la Abogacía del Estado ha solicitado que no se tramiten hasta que la Comisión Europea decida si estas primas se ajustan al derecho comunitario, un análisis que podría tardar años y provocar la asfixia financiera de muchos de estos proyectos.
“La situación es muy compleja y, además, está muy repartida en diversos frentes. Hay miles de recursos presentados ante el Tribunal Supremo, pero también ante la Audiencia Nacional y las cortes de arbitraje internacionales. Los recursos planteados son muy técnicos y complicados de digerir, pero el Supremo va a seguir adelante con los recursos”, insisten las mismas fuentes. La máquina de la justicia va a seguir, así pues, su curso. “Nosotros vamos a acabar nuestro trabajo, y así se lo vamos a comunicar a la Abogacía del Estado”.
El Supremo, como informaba el diario El País el pasado sábado, tiene acumulados miles de recursos contra la reforma energética del Gobierno del PSOE que en 2010 recortó las primas a las renovables. El Gobierno justificó que la burbuja fotovoltaica había disparado las primas hasta 2.500 millones el año anterior, muy por encima de lo previsto, y de esta manera justificaba un recorte que pretendía ahorrar 4.616 millones de euros en tres años.
15 arbitrajes contra el Estado
Los fondos de inversión extranjeros que invirtieron en renovables españolas antes de 2010, indignados ante los cambios en las primas —y en la rentabilidad del negocio—, han solicitado 15 arbitrajes internacionales contra el Estado. Los españoles no pueden acudir a esa vía, así que miles de pequeños inversores, principalmente de fotovoltaica, han pleiteado en el Supremo para mantener la retribución. El número de recursos, además, creció con el nuevo recorte del Gobierno del PP, aprobado en 2013, y el ‘hachazo’ definitivo aplicado el año pasado con el real decreto y la orden de renovables.
La Abogacía del Estado solicita al Supremo que no se pronuncie hasta que Bruselas tome una decisión sobre los cuatro decretos ley que desde 2008 han basado la regulación sobre la retribución a las instalaciones de renovables. Si el Supremo, tal y como han asegurado a este periódico fuentes del Alto Tribunal, continúa con el proceso, podría ser una buena noticia para los recurrentes ya que entraría a jugar a favor suyo el papel de los peritos. Y es que, el Tribunal Supremo eligió cinco casos de entre las demandas presentadas como ejemplo. La idea era usar peritajes sobre esos “testigos” concretos, y así tomar una decisión y sentar doctrina para el resto de casos.
Juan Castro-Gil, abogado de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (Anpier), defiende a 2.800 afectados. En su opinión, la petición de que se suspenda la investigación del Supremo “es una muestra del nerviosismo del Gobierno ante una situación que se les ha ido de las manos”. El letrado cree que “el hecho de que el Supremo haya dicho que hay que nombrar a dos peritos para ver qué daños ha generado este proceso les ha puesto nerviosos”.
Pero en el otro lado de la balanza pesan como una losa los avales que el Tribunal Supremo dio a varias órdenes ministeriales que desarrollaban el recorte de primas aplicado a la fotovoltaica en 2011, 2012 y 2013. El Supremo no consideró que la reducción de primas a instalaciones ya construidas vulnerase la seguridad jurídica. El Tribunal reconoció entonces que el recorte “produce la disminución de las previsiones de los beneficios inicialmente calculados”; pero consideró que “no se revela contrario a los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima”. El Supremo consideraba que la práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la tarifa regulada, sin competir en precios con el resto de agentes en el mercado, es de suyo una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico sujetos a las vicisitudes de la libre competencia.
¿Qué pasará? Es difícil de saber. El Supremo sigue con su trabajo, pero eso no es garantía de nada, salvo de que la ley sigue su curso. Habrá que seguir muy atentos a cómo discurren los acontecimientos, pero, de momento, no parece que el Gobierno vaya a salirse con la suya y paralizar un proceso judicial que podría volvérsele en contra en pleno proceso electoral.
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