El Supremo ordena al Gobierno dar transparencia a la aplicación del bono social eléctrico

El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno debe dar acceso a la plataforma ciudadana Civio al código fuente de la aplicación informática que permite acreditar qué consumidores tienen derecho al bono social eléctrico.

En una sentencia fechada el pasado 11 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso anula la decisión previa de la Audiencia Nacional y ha estimado el recurso de dicha plataforma, con lo que la Administración de Estado debe facilitar el acceso a la aplicación Bosco.

Civio había solicitado acceso dicha aplicación telemática, mediante la cual las empresas comercializadoras pueden comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable.

En concreto, solicitaban acceso a la especificación técnica de dicha aplicación, al resultado de las pruebas realizadas para comprobar que la aplicación cumple la especificación funcional y al código fuente.

El bono social eléctrico

Para oponerse a dicha entrega, la Administración objetó que la entrega del código fuente "iría en contra de los límites al derecho de acceso a la información pública", entre otros argumentos.

Pero Supremo da la razón a Civio y se remite a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, así como a la Constitución Española, que contempla "el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas".

Asimismo, una sentencia del Supremo de mayo de 2024 vincula el derecho de acceso a la información pública con el principio de transparencia administrativa y el derecho a una buena administración reconocido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, añaden los magistrados.

El bono social eléctrico es una de las principales herramientas del Gobierno para proteger del encarecimiento de la energía a los consumidores vulnerables, aquellos que cumplen ciertos requisitos de renta (normalmente hasta 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples ajustado por el número de miembros del hogar).

También, las familias numerosas, las que perciban la pensión mínima, o reciban el Ingreso Mínimo Vital, así como en casos de discapacidad, dependencia o monoparentalidad con menores.