El Gobierno español se las veía muy felices cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia sobre el caso Achmea anulaba las cláusulas de arbitraje como solución de conflicto entre inversiones de dos estados miembro. De esta manera, el Gobierno se agarraba a la posibilidad de que los 40 arbitrajes internacionales contra el Estado español por el hachazo a las renovables se quedasen en nada.
Pero el Gobierno ya ha recibido el primer varapalo en contra de la sentencia Achmea. La abogacía del Estado presentó un recurso en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo contra el laudo a favor de Novenergia por el que se multaba a España a indemnizar con 53 millones de euros al inversor internacional.
En este recurso, la Abogacía del Estado presentó como prueba la sentencia Achmea, y preguntó al tribunal sobre la verdadera relación de la Unión Europea en el Tratado de la Carta de la Energía. Así, como otras cinco causas más, entre ellas, que recalculara la indemnización.
El tribunal de arbitraje de Estocolmo ha desestimado las seis causas al no encontrar causa alguna para cambiar lo firmado en el laudo arbitral de Novenergia.
Según la resolución del tribunal, a la que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, el tribunal desestima la petición del Gobierno de que se "complemente o interprete" de nuevo el Laudo Final del caso Novenergia sobre seis cuestiones sobre la aplicabilidad y relevancia de la legislación de la UE y su relación con el Tratado de la Carta de la Energía.
"El Tribunal no considera que existen fundamentos válidos para "complementar" el Premio Final en este punto. El Tribunal ha dedicado varias páginas a la cuestión de la legislación de la UE y su relación con el TCE y el Tribunal se ha pronunciado sobre todos los asuntos relevantes", dice la resolución.
En el laudo final queda explícito que el Tratado de la Carta de la Energía posee claúsulas de arbitraje para resolución de conflictos entre inversores y estados. Se trata de proteger ese tipo de inversiones. Un Tratado que ha firmado tanto España como la Unión Europea, por lo que es multilateral y no bilateral como es el caso Achmea. Es por ello, que el Tribunal de Estocolmo ha decidido no considerar la sentencia Achmea porque no afecta a la Carta de la Energía.
Además, la resolución deniega el interés del Gobierno en que recalculen los árbitros los daños calculados en el Laudo. Según la Abogacía del Estado el cálculo era erróneo y sumaba varios tipos de interés en la indemnización. Algo que ha negado y explicado el Tribunal en la resolución.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, el Gobierno ha presentado sus propios cálculos, a través de un informe de Accuracy, en los que le salía una indemnización de 22 millones de euros, es decir 31 millones menos de lo que rezaba el laudo final de Novenergia. Por su parte, el demandante presentó su informe de respuesta realizado por Compass Lexecon.
El tribunal se lo ha dejado claro al Gobierno en la resolución. "La Demandada (el Estado español) no puede señalar cualquier error administrativo o computacional o error de cálculo cometido por el Tribunal que pueda estar dentro de su autoridad para corregir. El Tribunal también observa que los argumentos y las cifras ahora planteados por la Demandada en su Solicitud, sugiriendo que la situación hipotética invocada por la Demandante y adoptado por el Tribunal en el Laudo Final es erróneo, no se han presentado antes".
A pesar de ello, "el Tribunal desea señalar que, en su opinión, no ha sido mal interpretado o evaluó erróneamente la evidencia presentada sobre los daños. El Tribunal sigue siendo de la opinión que su evaluación de los daños adjudicados a la Demandante es correcta".
Caso Masdar
El Gobierno también presentó en el Ciadi la sentencia del caso Achmea para tratar de reabrir el caso Masdar en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Este caso que estaba visto para sentencia, para conocer el laudo final, ha vuelto a reabrirse para tener en cuenta la solicitud del Gobierno.
Esto no significa que se haya pronunciado el Ciadi sobre la sentencia Achmea, sino que lo hará en los próximo días, y se podrá conocer si también se lo deniegan al Gobierno el recurso o prueba aportada en el caso, o por el contrario le dan la razón. Pero viendo que el Ciadi es un tribunal fuera de la jurisdicción europea, y que el Tratado de la Carta de la Energía es multilateral y firmado por la propia Unión Europea, parece tener poco recorrido legal.
Por tanto, el Gobierno se queda prácticamente sin armas legales para combatir los arbitrajes internacionales. De momento, todo sigue su curso y está previsto que se conozcan más laudos en los próximos meses. Lo único que queda es si España tendrá que indemnizar o no a los inversores internacionales. En juego, 7.500 millones de euros.
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