La Unión Europea considera imprescindible que se amplíen las interconexiones energéticas entre países para lograr una verdadera Unión de la Energía. En la Directiva de Renovables aprobada en junio pasado se fijaba un objetivo de hasta un 15% de interconexiones para 2030. Sin embargo, si se quiere alcanzar ese objetivo, es necesario contar con suficiente apoyo financiero, y es sobre este asunto sobre el que el Parlamento Europeo debate en estas semanas justo antes de entrar en la fase de los trílogos.
Y ese apoyo financiero tiene un nombre. Se trata de los CEF (Connecting Europe Facility), un instrumento clave para la Unión Europea a través del cual se pueden facilitar inversiones específicas en infraestructuras a nivel europeo. No solo apoya el desarrollo de redes de energía también de los ámbitos del transporte y los servicios digitales.
En el caso de los CEF para infraestructuras energéticas, la Comisión Europea ha presentado un informe en el que propone respaldar las inversiones en redes europeas con 8.650 millones de euros para el periodo 2021-2027, un 62% más que para el periodo anterior, 2014-2020, en el que se dispuso un presupuesto total de 5.350 millones, de los cuales 4,5 fue en forma de subvenciones administradas por el INEA (Innovation & Networks Executive Agency). Según la Comisión Europea, la mejora de las infraestructuras de transmisión energética existentes y el desarrollo de nuevas infraestructuras de importancia europea requiere inversiones de unos 140.000 millones en electricidad y al menos 70.000 millones en gas.
"Es uno de los instrumentos financieros más importantes de la Unión Europea y por eso desde el Europarlamento estamos debatiendo nuestra posición para luego presentarla en las negociaciones con el Consejo Europeo que se esperan cerrar antes de que finalice el año y que van paralelos al 'paquete de invierno'", explica a este diario Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en el Grupo Los Verdes/ALE y ponente en la Comisión de Industria y Energía.
Por el momento, su grupo ya ha presentado sus alegaciones sobre la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya y el proyecto de gasoducto de MIDCAT.
"Aunque la Cumbre de Interconexiones del pasado julio, los presidentes de España y Francia acordaron seguir adelante con el cable submarino del Golfo de Vizcaya, la realidad es que es un proyecto que no empezaría a construirse hasta 2023 y no entraría en funcionamiento hasta 2025, eso en el mejor de los casos, porque todavía no tiene ni la Declaración de Impacto Ambiental", señala Rosa Martínez, diputada por Unidos Podemos-EQUO en el Congreso.
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Ambos representantes políticos han presentado conjuntamente alegaciones al informe de la Comisión sobre los CEF en donde solicitan "la paralización de las interconexiones de Vizcaya y del MidCat. Nadie ha mostrado ni una cifra sobre el coste total, si va a servir para bajar el precio de la luz o si va a beneficiar a las renovables", explica Martínez, "eso sin contar con que el proyecto, liderado por REE en el tramo español, es una barbaridad ambiental y peca de falta de transparencia, como por ejemplo sobre quiénes son los encargados de desarrollar esta infraestructura".
"Tenemos serias dudas de que Europa vuelva a subvencionar las mega-infraestructuras energéticas sin cuestionarse si realmente son necesarias", añade Marcellesi, "y en nuestras alegaciones consideramos que también debería revisarse el Reglamento (UE) nº 347/2013 en relación a las medidas en el ámbito de la concesión de permisos, la participación pública y la regulación para agilizar y/o facilitar la ejecución de dichos proyectos, ya que la evolución de proyectos como la interconexión de Vizcaya o el gasoducto Mid-Cat han demostrado que nunca deberían acelerarse a expensas de la participación de las partes interesadas o de una evaluación de impacto ambiental insuficiente".
Los "CO2-ductos"
Los CEF podrían abrir la puerta a financiar desde sistemas de almacenamiento energético, subestaciones eléctricas, interconexiones, terminales de GNL, gasoductos, oleoductos o refinerías hasta los poco conocidos como CO2-ductos, todos ellos incluidos como PICs (Proyectos de Interés Común) y por tanto, con posibilidad de recibir la financiación europea.
Se trata de un sistema que transporta el dióxido de carbono (CO2) después de su captura a un sitio de almacenamiento a través de una tubería. El CO2-ducto podría haber sido usado durante décadas, ya que podría haberse utilizado para trasnporar grandes volúmenes de gas, petróleo o sencillamente agua. Las tuberías de dióxido de carbono ya existen en EEUU, donde suman hasta 2.414 km.
En Europa, hay diseñados unos ocho circuitos aprobados como PIC's pero ninguno en España. Conectan principalmente Reino Unido, Holanda, Alemania y Noruega, y será en este último país donde se pretende almacenar el CO2 que se emita en los demás.
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