Es de sobra conocido que la situación actual de los puntos de carga en España no es la que se esperaba. Si bien nuestro país consiguió aumentar el número de estaciones públicas hasta colocarse como el quinto territorio del Viejo Continente en número de los mismos, todavía está lejos de las estimaciones previstas en un informe realizado por Transport&Enviroment , para el 2030 se necesitarían casi 3 millones de puntos de recarga privados para poder dar energía a los 5 millones de coches eléctricos que se quiere tener circulando por entonces.
Una cifra demasiado ambiciosa pues según el Plan de Energía y Clima elaborado por el Gobierno y el IDAE, la estimación es que serían necesarios 340.000 puntos de recarga. No obstante, la realidad es la que es y teniendo en cuenta el contexto actual esto supondría multiplicar nada menos que por 25 la infraestructura de carga actual de aquí a los próximos siete años (en la actualidad se contabilizan unos 15.000 puntos) .
De hecho, una de las conclusiones que saldrán del IV Observatorio de la Movilidad Sostenible de España que se celebrará en el Pabellón Puente de Zaragoza el próximo 4 de mayo será que la poca utilidad de ofrecer una amplísima oferta de vehículos eléctricos si no se asegura una correcta infraestructura de recarga desplegada por todo el territorio nacional. En este nuevo estudio se sitúa a la movilidad como derecho fundamental, enfoca a la ciudad como entorno por excelencia de su desarrollo, con especial relevancia de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y enmarca al ciudadano como eje principal de desarrollo de su desarrollo.
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