Ningún comentario La Comisión Europea está preparando a los Estados miembros para poder responder con mayor margen fiscal a nuevas perturbaciones energéticas. Bruselas ha concretado las condiciones para ampliar la cláusula de salvaguardia nacional y permitir que determinados gastos destinados a reforzar la seguridad energética queden cubiertos por esta flexibilidad, desde inversiones en redes, almacenamiento y renovables hasta ayudas a los hogares para instalar paneles solares, baterías o bombas de calor.
La decisión llega en un momento en el que España encara la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 con las cuentas de 2023 todavía prorrogadas. El Gobierno asegura que los trabajos para presentar las nuevas cuentas “van bien”, pero fuentes del sector cercanas al Ejecutivo explican que, en caso de que finalmente no haya acuerdo parlamentario para aprobarlas, existe una vía alternativa para poder poner en marcha medidas de apoyo energético: realizar modificaciones presupuestarias sobre las cuentas vigentes.
La Comisión Europea publicó el pasado 18 de agosto sus orientaciones sobre la ampliación del ámbito de aplicación de la cláusula de salvaguardia nacional, inicialmente vinculada al incremento del gasto en defensa, para incluir también determinadas actuaciones de seguridad energética. El objetivo es permitir que los Estados afronten costes fiscales iniciales para acelerar medidas que reduzcan su dependencia de los combustibles fósiles y refuercen la resiliencia de sus sistemas energéticos.
La principal novedad para los consumidores es que Bruselas incluye expresamente entre las actuaciones potencialmente admisibles las ayudas para energía solar y geotérmica, sistemas residenciales de almacenamiento, sustitución de calderas de combustibles fósiles por alternativas limpias como las bombas de calor, infraestructuras domésticas de recarga de vehículos eléctricos y ayudas o préstamos a interés reducido para rehabilitaciones energéticas de viviendas.
La nueva herramienta no supone, sin embargo, la creación de un fondo europeo para pagar directamente estas ayudas. Se trata de una flexibilización de las reglas fiscales que permite que el impacto de determinadas medidas admisibles quede cubierto por el margen previsto en la cláusula de salvaguardia, dentro de los límites establecidos por Bruselas. Las medidas deberán financiarse a nivel nacional, tener un impacto presupuestario directo y cumplir los criterios de admisibilidad fijados por la Comisión.
Bruselas prepara el terreno ante una nueva crisis energética
El movimiento de la Comisión se produce después de que la energía haya vuelto a situarse en el centro de las preocupaciones económicas europeas. La nueva flexibilidad pretende ofrecer a los gobiernos una herramienta para acelerar inversiones y actuaciones que reduzcan la exposición de sus economías a los combustibles fósiles y aumenten la capacidad de respuesta ante futuras perturbaciones del suministro.
No obstante, Bruselas ha delimitado con precisión qué tipo de medidas pueden acogerse al mecanismo. Quedan fuera las reducciones de impuestos especiales u otros tributos sobre combustibles fósiles, los precios fijos, las ayudas a los combustibles fósiles y las ayudas destinadas únicamente a compensar el impacto de los elevados precios de la energía.
La Comisión quiere que el nuevo margen sirva para acelerar cambios estructurales y no simplemente para cubrir una factura energética más elevada. Por eso, las medidas deberán contribuir directamente a reforzar la seguridad y la resiliencia energética y a acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.
Además, solo podrán beneficiarse de la flexibilidad las nuevas medidas presupuestarias acordadas después del 28 de febrero de 2026. Los Estados tendrán que demostrar que las actuaciones son específicas y rentables y que prestan especial atención a los hogares y empresas más vulnerables.
El margen fiscal estará también limitado. La flexibilidad general de la cláusula de salvaguardia nacional mantiene un techo del 1,5% del PIB en gasto adicional, mientras que las medidas de seguridad energética tendrán un límite específico del 0,3% del PIB anual y del 0,6% acumulado durante el periodo 2026-2028.
En la práctica, los Estados podrán utilizar hasta el equivalente al 0,3% de su PIB en un ejercicio para medidas energéticas que Bruselas considere admisibles, aunque el uso acumulado durante los tres años no podrá superar el 0,6% del PIB. La Comisión realizará posteriormente un seguimiento del coste efectivo de las actuaciones.
Los países interesados deberán solicitar la ampliación de la cláusula de salvaguardia y presentar una relación inicial de las medidas que pretenden incluir, junto con una estimación de su coste presupuestario. La Comisión evaluará las propuestas y podrá recomendar al Consejo su aprobación.
España prepara los PGE de 2027
La herramienta europea coincide con la elaboración de los Presupuestos de 2027. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este lunes que los trabajos para llevar las nuevas cuentas al Congreso “van bien” y reiteró que el Ejecutivo “va a presentar los presupuestos”.
En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Saiz explicó que el Gobierno está inmerso en los trabajos previos, especialmente en la definición de la senda de déficit, y avanzó que próximamente comenzará el diálogo con los distintos grupos parlamentarios. Preguntada por los plazos, evitó concretar fechas y se refirió a los trámites habituales de una ley presupuestaria, entre ellos la senda, el techo de gasto y el resto de trabajos necesarios para configurar el proyecto.
El Ejecutivo aprobó inicialmente en julio un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, un 6,6% superior al de 2026. La senda de estabilidad planteada fija un déficit del conjunto de las Administraciones Públicas del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.
Sin embargo, la senda de estabilidad no ha conseguido hasta ahora el respaldo del Congreso. El Gobierno volvió a llevar los objetivos a la Cámara después de un primer rechazo, pero tampoco obtuvo los apoyos necesarios en la segunda votación. El Ejecutivo tendrá que seguir buscando respaldo parlamentario mientras avanza en la elaboración del proyecto presupuestario.
España encara así la preparación de los PGE de 2027 con un escenario todavía abierto. La alternativa no sería excepcional. La prórroga presupuestaria no impide que el Gobierno adapte los créditos existentes mediante los instrumentos previstos en la Ley General Presupuestaria. De hecho, durante los últimos años se han utilizado modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios, suplementos de crédito y el Fondo de Contingencia para hacer frente a necesidades sobrevenidas.
Precedentes
El ejemplo más claro es la respuesta presupuestaria a la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana y otras zonas del país a finales de octubre de 2024. El Gobierno ha ido adaptando el presupuesto mediante diferentes expedientes de modificación presupuestaria para atender las necesidades surgidas durante la reconstrucción.
En noviembre de 2025, por ejemplo, el Consejo de Ministros autorizó la aplicación de 560 millones de euros del Fondo de Contingencia y un suplemento de crédito en Hacienda para financiar gastos extraordinarios de la Comunitat Valenciana derivados de la DANA. El propio Ejecutivo explicó entonces que los departamentos ministeriales podían solicitar créditos extraordinarios y suplementos de crédito para cubrir insuficiencias presupuestarias relacionadas con la respuesta a la catástrofe mediante los correspondientes expedientes de modificaciones presupuestarias.
La utilización de estos mecanismos ha continuado en 2026. En junio, el Gobierno autorizó la aplicación de 791,8 millones de euros del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario para financiar parte de los 1.300 millones destinados a gastos extraordinarios de la Comunitat Valenciana relacionados con la DANA.
Y en julio volvió a aprobar un crédito extraordinario y un suplemento de crédito por 85,5 millones de euros para atender necesidades adicionales relacionadas con las actuaciones agrarias derivadas de la catástrofe.
El precedente demuestra que la existencia de unos Presupuestos prorrogados no impide al Ejecutivo adaptar el marco de gasto a necesidades nuevas. Eso sí, cada modificación presupuestaria debe seguir los procedimientos establecidos en la legislación presupuestaria y contar, cuando corresponda, con la autorización parlamentaria o del Consejo de Ministros que establezca la normativa aplicable.
Ayudas para solar, baterías y bombas de calor
La posibilidad cobra especial relevancia por el tipo de actuaciones que Bruselas ha decidido incluir dentro de la flexibilidad. Para los hogares, el documento contempla ayudas para instalar generación solar y geotérmica, almacenamiento residencial, bombas de calor y puntos de recarga, además de préstamos o ayudas a tipos reducidos para rehabilitaciones energéticas.
El mecanismo también abarca inversiones de mayor escala en el sistema energético, como nuevas instalaciones renovables, baterías y otras tecnologías de almacenamiento, redes eléctricas, centrales nucleares, producción de hidrógeno mediante electrólisis con electricidad renovable o hipocarbónica, eficiencia energética, combustibles renovables sostenibles y contratos bidireccionales por diferencia para generación limpia.
La Comisión considera que este tipo de actuaciones contribuyen directamente a reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles y, por tanto, forman parte de una política de seguridad energética y no únicamente de descarbonización.
Para España, la cuestión será ahora determinar qué medidas concretas podrían incluirse en este marco y con qué dotación presupuestaria. El Gobierno deberá decidir si presenta una solicitud a Bruselas para ampliar la cláusula de salvaguardia y, posteriormente, identificar las actuaciones que pretende financiar y justificar su contribución a la seguridad energética.
La aprobación de unos nuevos PGE facilitaría la creación de partidas específicas para estas políticas, pero ya no puede decirse que sea la única vía para ponerlas en marcha. Si las cuentas de 2027 no salen adelante, el Ejecutivo dispone de instrumentos de modificación presupuestaria que ya ha utilizado para responder a situaciones extraordinarias como la DANA.
La clave estará, por tanto, en la combinación de dos elementos: el nuevo margen fiscal que Bruselas pone a disposición de los Estados y la capacidad de cada Gobierno para encontrar espacio presupuestario dentro de sus propias cuentas. En el caso español, la preparación de los PGE de 2027 continúa, pero el Ejecutivo tendría una vía alternativa para adaptar el presupuesto vigente si finalmente no consigue aprobar unas nuevas cuentas.
La Comisión, mientras tanto, ha dejado preparado el mecanismo para que los Estados puedan utilizar esa capacidad fiscal. La flexibilidad permanecerá disponible hasta 2028, con límites anuales y acumulados y bajo supervisión comunitaria. El objetivo es que, ante una nueva perturbación energética, los gobiernos europeos dispongan de margen para reaccionar sin que todo ese gasto se traduzca automáticamente en un incumplimiento de sus compromisos fiscales.
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