Fedea critica el Fondo Climático y el IVA Pymes del modelo de financiación autonómica por su "arbitrariedad"

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha criticado que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno introduce en el sistema dos nuevos elementos "de más que dudosa justificación", el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, que reintroducen la arbitrariedad que con "buen criterio" se buscaba eliminar.

Fedea ha publicado un trabajo de Ángel de la Fuente en el que se resumen las grandes líneas de la reciente propuesta del Gobierno para la reforma del Sistema de Financiación Autonómico (SFA), se cuantifican sus implicaciones mediante la simulación de sus efectos con datos de 2023 y se ofrece una valoración preliminar de la misma.

Para Ángel de la Fuente, el Fondo Climático repartirá 1.000 millones de financiación incondicionada entre las comunidades autónomas, supuestamente para luchar contra el cambio climático, primando fuertemente a las del litoral mediterráneo por estar presuntamente "más expuestas" a este fenómeno.

El Fondo Climático

"El nuevo Fondo, sin embargo, es un brindis al sol más que una herramienta útil para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, un reto complicado que exigiría recursos mucho mayores y una estructura de planes de actuación e inversión bien diseñados coordinada por el Gobierno central con financiación separada del sistema", ha advertido el experto.

Para Ángel de la Fuente, menos sentido aún tiene la "imaginativa excusa" que se ha buscado para darle a Cataluña una "jugosa prima de financiación" a cuenta del IVA de las pymes societarias. Si bien es cierto que estas empresas tienen un peso atípicamente elevado en la economía catalana y que ésta mantiene un saldo exportador neto importante con el resto de España, Fedea ha explicado que lo que hace que el peso de Cataluña en la recaudación total del IVA pymes sea superior es su peso en el consumo, algo que no suele suceder en otros territorios, o al menos no en el mismo grado.

"Pero ¿y qué? No está nada claro que esto genere algún beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias, o que el mecanismo propuesto genere incentivos para la formulación de una política sensata de apoyo a las empresas", ha criticado.

Recursos a cargo del Estado

Un elemento esencial de la propuesta es una inyección "muy considerable" de recursos al sistema de financiación autonómica a cargo del Estado. "Esta inyección tenderá sin duda a agravar la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal que ya constituye uno de los problemas fundamentales del sistema de financiación autonómica", ha alertado Fedea.

Dejando de lado su coste, la propuesta mejora la estructura general del sistema, pero sólo ligeramente. Según Fedea, el nuevo esquema supone una simplificación importante del modelo y se traduce, de entrada, en un reparto más equitativo de sus recursos, con menores disparidades entre territorios y la desaparición, en principio, de "reordenaciones caprichosas" de los mismos en términos de recursos por habitante ajustado.

Con y sin la reforma, Madrid, Cataluña y Baleares son las tres únicas aportadoras netas, pero mientras que la aportación de la primera aumenta ligeramente con el cambio de modelo, las de las dos últimas se reducen sustancialmente, según las estimaciones de Fedea.

Por otra parte, se anuncian también nuevas limitaciones a la utilización a la baja de la capacidad normativa de las CCAA en materia tributaria con la excusa de luchar contra un "inexistente dumping fiscal que muestran el poco respeto del actual Gobierno por la autonomía fiscal de las comunidades autónomas", según ha denunciado Ángel de la Fuente.

Gestión tributaria

Para el experto, lo más preocupante de la propuesta es la insistencia en avanzar hacia un sistema asimétrico y a la carta de gestión tributaria "en red" que podría terminar en la ruptura efectiva del principio de caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria.

Aún si este peligro puede conjurarse, la propuesta comportaría inevitablemente mayores costes y serias pérdidas de eficiencia según se vaya distribuyendo una parte significativa y creciente de las tareas de la actual Agencia Tributaria entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala muy inferior, que afrontarían serias dificultades para comunicarse y coordinarse efectivamente entre sí, incluso si todas trabajasen con la mejor de las voluntades y plena lealtad al Estado, concluye.