La agencia de calificación crediticia Fitch considera que el actual déficit del sistema gasista español no justifica que el Gobierno haga ajustes para garantizar su sostenibilidad y advierte que "ajustes normativos inesperados" podrían erosionar su visión mejorada sobre este sector.
Fitch ha indicado que la incertidumbre en el sector del gas español persiste y que "el riesgo de interferencia regulatoria en el sector permanece más alto que en otras jurisdicciones", lo que podría perjudicar los ingresos obtenidos por las compañías.
Ha señalado que los cambios para reducir la base de ingresos regulatorios para la distribución de gas y el incremento del factor de eficiencia para el transporte, que se iban a proponer dentro de la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía, lo que no fue posible por falta de apoyo de la oposición, reflejan que el Gobierno desea centrarse en reducir los costes regulados del sistema y establecer un equilibrio entre costes e ingresos a expensas de las compañías.
Según Fitch, el principal motivo de la reforma de la retribución que se hizo en 2014 fue el creciente déficit en las tarifas de gas, pero ahora no se justifica.
En este sentido, explica que desde entonces el sistema ha tenido pequeños déficits, de 27 millones a finales de 2015 y de 90 millones de euros en 2016, relacionado en gran medida con los costes adicionales por la paralización del almacenamiento de gas Castor.
Fitch espera para finales de 2017 un pequeño saldo negativo del sistema y que para 2018 alcance unos excedentes anuales que ayudarían a absorber gradualmente la deuda pendiente acumulada de alrededor de mil millones de euros, por lo que cree que no se justifica una intervención para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La agencia de calificación, que dice que en España falta un regulador con un "enfoque transparente y consultivo", considera que el marco español está expuesto a riesgos políticos y rezagado en transparencia con respecto a Portugal e Italia, por lo que su capacidad para mejorar la calificación de los emisores de deuda españoles del sector es menor, aunque recuerda que recientemente ha reducido la distancia que los separaba.
No obstante, advierte que si los ingresos se ven comprometidos por ajustes normativos inesperados, esa mejor visión del sector del gas español se puede ver erosionada.
En cuanto a los emisores de deuda españoles del sector, dice que espera que las compañías puras de redes, como Madrileña Red de Gas y Redexis Gas, sean capaces de absorber actualizaciones regulatorias negativas por la flexibilidad que proporcionan sus políticas de dividendos.
En el caso de Gas Natural, un distribuidor de gas integrado, y del operador de transporte de gas Enagás, considera que su diversificación en negocios y geografías podría atenuar el impacto.
Por otra parte, Fitch ha recordado que el Gobierno ha actualizado recientemente el precio regulado de los contadores de gas con una reducción de alrededor del 70 % en el precio unitario para los clientes residenciales, tras un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un ajuste que dice cogió a la industria por sorpresa.
Añade que la industria está calculando el impacto de esta medida en sus ingresos, que según estimaciones del Gobierno van desde los 6 millones de euros para las pequeñas distribuidoras de gas hasta alrededor de 40 millones para Gas Natural.
Manuel Garcia (@TURBOMOTOR2000)
14/02/2018