Fracking: los ayuntamientos recibirán hasta 600.000 euros por cada pozo de exploración

La plataforma Shale Gas España ha anunciado que los primeros pozos exploratorios de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking o fracturación hidráulica en España empezarán a operar en 2016 "si los plazos se cumplen". La asociación considera qiue no serán muchos -en España hay 70 permisos de investigación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y 55 solicitudes de investigación-, pero no severán afectados por la actual crisis de precios del petróleo, ya que la  potencialidad de la técnica del fracking en España está ligada más al gas natural que al petróleo, y el precio del gas natural en Europa es tres veces mayor que en EE UU. Además, los responsables de la asociación, tras analñizar los número,s ha llegado a la conclusión de que el shale gas podría convertirse en un factor importante para la dinamización de las economías municipales.

Para romper la oposición a esta técnica, el Ministerio de Industria está tramitando una reforma de la Ley del Sector de los Hidrocarburos que contempla incentivos para las comunidades autónomas, municipios y propietarios de los terrenos. Pero al margen de estos incentivos Shale Gas España sostiene que, sin estos cambios, los Ayuntamientos ya pueden recibir entre 300.000 y 600.000 euros por pozo a través de impuestos locales y tasas.

Según las primeras estimaciones de Shale Gas España, la inversión por pozo se situará entre los 10 y los 20 millones de euros. Esta cifra variará dependiendo del tipo de pozo, las características de la formación o la profundidad a la que se tenga que perforar. Con esta inversión por pozo, los Ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Estas cifras pueden variar dependiendo de las políticas impositivas de cada municipio.

Ventajas de la modificación de la ley de Hidrocarburos

A esta cantidad se deberá añadir los beneficios adicionales que el Gobierno ha propuesto mediante la modificación de la Ley de Hidrocarburos, que revertirán “con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubiquen tales actividades”:

• Cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, pagará un canon de 125.000 euros.

• El 1% de la producción se repartirá entre todos los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos de los que se extraigan hidrocarburos.

• Se establecen impuestos a la producción de gas natural no convencional de entre el 1% y el 4% de la producción

• Estos beneficios se deberán complementar con la “obligatoriedad de un compromiso social con las comunidades locales en las que se desarrollen actividades de exploración y producción de hidrocarburos.”

Los proyectos de desarrollo del shale gas requieren de un proceso de inversión continuo durante un largo periodo de tiempo, que puede superar los 20 años, lo que asegura beneficios económicos estables. A nivel local, la industria del gas puede influir muy positivamente en la creación de puestos de trabajos directos e indirectos (de 50 a 150 empleos por pozo), ya que las empresas dependerán de mano de obra local para la contratación de geólogos, ingenieros, personal de construcción, o conductores de camiones; el consumo de la industria manufacturera (i.e. cementeras y suministradores de arena, fabricantes de acero y de equipos, empresas de servicios de perforación y especialistas en el tratamiento del agua); y los beneficios derivados del potencial uso de hoteles, restaurantes y demás infraestructuras.

David Alameda, director general de Shale Gas España, comenta: “Las cifras hablan por sí solas. El gas natural no convencional puede revitalizar el crecimiento de la economía, sobre todo a nivel local, y se puede realizar con las máximas garantías de seguridad. Es fundamental que el Gobierno, las autoridades y las comunidades locales apoyen la exploración para poder determinar el potencial y la viabilidad de una futura producción. Es una oportunidad para todos pero es razonable que los primeros que perciban esos beneficios sean quienes viven en las zonas en las que se encuentran los recursos.”

Máximas garantías medioambientales

Según los responsables de Shale Gas España, los proyectos de exploración en España vienen avalados por una de las leyes ambientales más garantistas de Europa. Desde diciembre de 2013, los proyectos que prevean la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking tendrán que pasar por un procedimiento obligatorio de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Esto se traduce en la preparación de una serie de estudios: arqueológico, geomecánico, hidrogeológico, biológico, de sismicidad, de gestión de residuos, de recursos hídricos y un largo etcétera. Este documento es valorado por las administraciones competentes y consultado con diferentes estamentos y organizaciones interesadas (incluidos ayuntamientos, ONG, organismos de cuenca, ciudadanos, etc.). El EIA incluye también una fase de información pública.

Son muchos los organismos nacionales e internacionales como el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, la Agencia de Salud del Reino Unido, el Consejo Científico Consultivo de las Academias Europeas, la Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (Adecagua) o la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural que se han pronunciado sobre los proyectos de gas no convencional. Todos concluyen que los riesgos asociados con la técnica del fracking se conocen, son bajos y, lo más importante, se pueden gestionar mediante la aplicación de una legislación estricta y las mejores prácticas de la industria.