Fuego cruzado en el Congreso: Soria se defiende de las duras acusaciones contra su gestión

Más de cuatro horas de Comisión de Industria. Todo para hablar de energía. Pero han sido cuatro horas en las que los políticos se han acusado unos a otros, o mejor dicho, todos contra el ministro José Manuel Soria y éste a su vez se defendió con más de lo mismo. Incluso con cierto toque de sorna, o incluso de chulo, por parte del ministro. Cuatro horas que han servido de poco a todos. Soria no ha dicho nada que no haya contado antes. Y los diputados se han quedado con las ganas de que Soria reculara en alguno de los 20 asuntos energéticos que se trataron.

Una comisión solo para energía. Ya era hora de que en el Congreso se hablara de energía. Ha tardado el ministro en sentarse frente a los diputados, pero finalmente lo ha hecho y no ha rehuido nada. Ha dado la cara por todo, y ha defendido su gestión con uñas y dientes. Como si fuera una batalla. Ha habido momentos tensos. Malas maneras, pocas explicaciones y duras acusaciones.

Inició la Comisión el ministro Soria con una intevención larga sobre las 20 cuestiones que le pidió la oposición. Se tocaron prácticamente todos los temas. Desde la tarifa regulada al ATC de Villar de Cañas, pasando por los informes de las consultoras, los recortes a las renovables, el autoconsumo, Garoña, Enresa, el fracking, prospecciones de hidrocarburos, Castor, o la interrumpibilidad.

Ha ido uno por uno dando explicaciones. Unas explicaciones que no convencieron a nadie. Bueno, sí, al portavoz del PP, Guillermo Mariscal. Normal por otro lado. La guerra y el enfrentamiento político se ha trasladado a la materia energética. La izquierda defiende su teoría y el Gobierno todo lo contrario. Hacía tiempo que no se veían tantas diferencias entre Industria y los partidos de la oposición. Sorprende incluso el duro ataque de la portavoz socialista, Pilar Lucio.

Lío con la tarifa

Soria ha defendido que el nuevo sistema de fijación de precios de la luz, el conocido como precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), "es más eficiente y más transparente" que el anterior y ha permitido ahorrar a los consumidores el sobrecoste que representaban las comisiones a los intermediarios financieros. Un sobrecoste que según Soria asciende a 1.671 millones de euros.

Las cifras sobrevolaban el Congreso. Que si ha subido la luz, que si ha bajado. Lucio ha lamentado que el ministro Soria “se haya pasado toda la legislatura tratando de culpabilizar al PSOE de cada una de las decisiones que ha tomado”, pero ahora, “ya no engaña a nadie”. “Sus decisiones estaban premeditadas y son decisiones puramente ideológicas y cortoplacistas”.

“Además, no ha conseguido lo más importante que es bajar el recibo de la luz. En un momento tan difícil, con un desempleo tan alto, con tantas familias con todos sus miembros en paro, debía haberse preocupado por luchar firmemente contra la pobreza energética. Aunque usted no la haya nombrado, existe en este país y afecta, según las estimaciones, a 7 millones de personas”.

Lucio también lamentó que “se está estrangulando las posibilidades de muchas empresas e industrias que siguen viendo el precio de la electricidad en España es muy superior a la media de la UE, con lo que no somos ni seremos competitivos”. Es más, aseguró que “pese a los datos de los que habla el ministro, la realidad es, que para un consumidor tipo, como el definido por el IDAE, y publicado en el DOE, la tarifa subió aproximadamente un 10% entre marzo de 2014 y marzo de 2015”. Y si se utiliza otro mes de referencia como enero “la subida es de un 18%”.

Sube la tensión

Pero no fue hasta que se tocaron las renovables cuando la tensión subió varios grados. Lucio reprochó a Soria que “ha utilizado diversos mantras en estos tres años y no haya cesado de repetir que su Gobierno apuesta por las renovables y presume de ellas en el exterior, al mismo tiempo que ha hecho todo lo posible por acabar con ellas”.

Además, la portavoz socialista también se refirió a que la semana pasada, “para escándalo de todos, excepto de usted, nos enteramos por la prensa de que, esos informes, los de la objetividad, los de la transparencia, en los que usted se ha amparado para frustrar el desarrollo de las renovables, no existían cuando usted cambió la legislación. Es un escándalo, un escándalo más, un auténtico fraude y una chapuza de su ministerio”, lamentó.

Más dura fue la intervención de Laia Ortiz, portavos del grupo Izquierda Plural. Ortiz ha exigido la dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria, por su “lamentable cruzada contra las energías renovables, el escándalo de la ocultación de los informes encargados a dos consultoras independientes para fijar el recorte a las renovables y que finalmente no fueron utilizados", entre otras cosas.

La portavoz de Izquierda Plural ha afeado al ministro que, con sus cambios normativos que han supuesto un cambio en las reglas del juego, haya dejado de ser tan rentable producir energía renovable y que, al hacerlo de forma retroactiva, haya hundido a millones de inversores”.

En cuanto al autoconsumo, Ortiz ha espetado al ministro que “hace el ridículo a nivel internacional cuando privatiza el sol y pone peajes a la autoproducción de energía”.

“El autoconsumo –ha señalado- es una amenaza para las grandes eléctricas porque supone un ahorro energético, una producción de proximidad, sin gastos de transporte, y democratiza la energía, por eso lo penaliza”.

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha adelantado que se ha realizado un profundo análisis del autoconsumo y próximamente se llevará a cabo su regulación. Y ha insistido en que los consumidores que opten por el autoconsumo y que, a su vez, estén conectados a la red, deberán contribuir por el uso de las redes y los servicios de respaldo del sistema. De no ser así, serían el resto de consumidores los que verían incrementada su factura de la luz, explica.

Eso sí deja una ventana abierta a que los autoconsumidores lo hagan sin engancharse a la red. Estos no pagarían el peaje de respaldo al no utilizar la red, pero claro se quedan sin respaldo en el caso de no generar o no almacenar su propia electricidad.

Temas nucleares

Ha habido tres cuestiones polémicas que han formado parte del debate. Se trata de tres temas que tienen que ver con la energía nuclear. Por un lado, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y el caso de la central de Santa María de Garoña. Por otro lado, la pésima gestión de la cúpula directiva de la empresa pública Enresa y la adjudicación del ATC en Villar de Cañas.

Soria ha comentado que, tras la solicitud de renovación de la autorización de explotación presentada por Nuclenor el 27 de mayo de 2014, el Ministerio trasladó la misma al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el informe preceptivo. En estos momentos está en tramitación el procedimiento a seguir para la renovación de la autorización de explotación.

La posición del Gobierno en relación a la ampliación o no de la vida útil de Santa María de Garoña o de cualquier otra si se plantea, se hará en todo caso conforme a lo que dictamine el CSN, que en todo caso hará el informe de acuerdo con las exigencias, tanto de las existentes como de las adicionales como consecuencia de las gestión post-Fukushima, ha explicado el ministro.

Sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC), el ministro ha expresado que el importe máximo de licitación de la obra civil es de más de 217 millones de euros y que se han presentado ocho ofertas que se encuentran en fase de evaluación por parte de ENRESA. Por otro lado, la tramitación de la autorización previa para el emplazamiento del ATC requiere el informe previo preceptivo y vinculante del CSN y la declaración de impacto ambiental (DIA) del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Según el ministro Soria, hay que tener en cuenta que, en todo proceso de licenciamiento, es habitual que el CSN requiera a los licenciatarios de instalaciones nucleares información adicional o aclaraciones específicas en relación con la documentación presentada, para poder elaborar su informe. Hasta la fecha, el CSN en ningún momento ha manifestado que el emplazamiento no sea válido para la construcción del ATC. Actualmente, el CSN está analizando esta documentación. Soria  ha asegurado que las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas comenzarán antes de finales de año.

Así mismo, José Manuel Soria ha defendido que la marcha del presidente de ENRESA fue por motivos personales y no le consta ninguna irregularidad en su gestión.

Por su parte Laia Ortiz ha abundado en que “las decisiones han venido marcadas, como siempre, por las grandes empresas eléctricas, en este caso Nuclenor”. Según la diputada de ICV, Garoña ha sido un auténtico esperpento. Ahora se abre, ahora se cierra, ahora le pide por favor a las eléctricas que la mantengan abierta, llegando incluso a modificar la fiscalidad para facilitar que tomen esta decisión; todos sabemos que es una central obsoleta, con un diseño parecido al de Fukushima, y que, además, es innecesaria”.

Por otra parte, Laia Ortiz considera que la decisión del Gobierno respecto a la  ubicación del ATC se tomó a “mayor gloria de la secretaria general del PP y presidenta de la Comunidad de Castilla la Mancha, Dolores de Cospedal”.

“Todos los informes técnicos –ha recordado- desaconsejan construirlo en Villar de Cañas porque es inviable económicamente y porque el terreno elegido es peligroso pero todo les da igual con tal de dar una victoria política a Cospedal”.

Fracking, Castor y otras cosas

En otro bloque de respuestas, el ministro Soria ha asegurado que, al hablar de fracking, la protección de las personas y del medioambiente está garantizada por medio de un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del impacto ambiental que, con carácter preceptivo y vinculante en la autorización de cada trabajo, establece las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la protección medioambiental y la seguridad de personas y bienes.

En cuanto a la central de Elcogas de Puertollano, el ministro ha asegurado que el Ministerio está estudiando diferentes opciones para la viabilidad de la instalación y no emitirá resolución alguna hasta que se hayan analizado estas opciones con detenimiento.

Por otro lado, el ministro de Industria ha negado que su departamento haya emitido ninguna autorización para la realización de campañas sísmicas marinas en el área del Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y Baleares.

El ministro Soria ha hablado también del almacén Castor y ha señalado que la solución adoptada por el Gobierno ha sido equilibrada, ya que se determinó la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagas, quien se encargará de las labores de mantenimiento y de realizar los estudios necesarios para adoptar una decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento.

José Manuel Soria ha recordado que la renuncia y el pago a Escal de la indemnización de 1.350 millones de euros no implican, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que ésta y sus accionistas debieran, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que sería exigida, si procede, una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios. La solución financiera adoptada supone, frente a la entrada en funcionamiento del almacenamiento, una notable reducción de costes para el sistema gasista y para el consumidor por los menores costes financieros, el aumento de periodo de amortización y a la drástica disminución de costes de operación y mantenimiento, explica el ministro.

La intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo ha finalizado abordando el futuro del sector del carbón. El nuevo marco de actuación, el acuerdo alcanzado en 2013, permite, por una parte, seguir apoyando la actividad minera y, por otra, mantener la protección social para aquellos trabajadores del sector que puedan verse afectados por el cierre de explotaciones mineras no competitivas.

El objetivo final es que exista, a partir del año 2018, un sector de la minería energética en España competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas, puesto que eso es lo que establece la Decisión 787 de la Unión Europea, y ese es nuestro irrenunciable marco de referencia, ha señalado Soria.