La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en el Congreso que asume que las empresas energéticas y financieras intentarán frenar judicialmente los nuevos impuestos impulsados por PSOE y Unidas Podemos para gravar los ingresos extraordinarios que reciban durante esta crisis por el alza de los precios y de los tipos de interés, pero que confía en la seguridad jurídica de estos tributos.
"O mucho me equivoco, o van a intentar presentar recurso contra todo aquello que merme sus cuentas de resultados", ha declarado a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Baja, anticipando que "lo harán con las figuras procedentes del consenso europeo" y "con las que puedan establecer los Estados miembros".
Los impuestos a las energéticas
En todo caso, la titular de Hacienda ha mostrado su confianza en el diseño legal de estos tributos, que este martes han superado su primera votación en el Congreso tras su debate de admisión a trámite.
"Estoy bastante segura de que toda la seguridad jurídica que acompaña, al menos al Gobierno de España, en la elaboración de las normas va a estar presente. Y también creo que por parte de la Comisión se extremarán las medidas para que haya seguridad jurídica", ha apostillado.
Por su parte, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado preguntada por un posible recurso que "cada cosa, a su momento", ya que "en este momento la responsabilidad del Congreso es sacar la mejor ley posible, la más segura y la más eficaz".
"Ya veremos lo que ocurre, no creo que tenga mucho sentido dar pábulo a 'vaya usted a recurrir lo que sea porque, haga lo que haga, soy incapaz de hacerlo bien'. Creo que es una absurdez", ha aseverado, también en declaraciones en el Congreso.
Precauciones legales
Durante el debate de la iniciativa, varios grupos reprocharon a PSOE y Unidas Podemos que los impuestos no gravan los llamados beneficios caídos del cielo, sino que se dirigen a gravar ingresos, pero que incluso la figura legal no es la de un impuesto, sino la de una prestación patrimonial pública no tributaria.
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