Hace unos días, me preguntaron por qué desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ya no pedimos un Plan Renove que implique la repotenciación de nuestros parques eólicos más antiguos, como reclamábamos con insistencia hace tan sólo cinco años. La respuesta es, por una parte, sencilla, ya que en este periodo las circunstancias del sector han cambiado radicalmente. Pero, por otra parte, resulta bastante complicada.
Sobre el papel, **la repotenciación, entendida como la sustitución completa de los aerogeneradores de una instalación por otros de mayor potencia unitaria (**más modernos y de mayor rendimiento), es una solución perfecta para revitalizar a la industria eólica española en un mercado paralizado y sin pedidos desde hace unos años, como es el nuestro. Máxime en un contexto en el que las empresas viven exclusivamente de las exportaciones y se plantean abandonar España por la falta de perspectivas, llevándose consigo fábricas y empleo de calidad.
Las ventajas de la repotenciación son importantes: al sustituir las viejas máquinas por nuevos y más potentes aerogeneradores se obtiene más energía eólica en la misma o menor superficie de terreno (a menudo se trata de emplazamientos que fueron seleccionados en los primeros años de desarrollo de la energía eólica y que disfrutan de condiciones de viento óptimas); con menos aerogeneradores se logra más producción; la eficiencia es más alta por la naturaleza de las nuevas turbinas instaladas; la integración a la red eléctrica mejora al instalar aerogeneradores más capacitados para cumplir los requisitos de conexión a la red; y el impacto visual puede ser menor si se reduce el número de máquinas para tener la misma potencia.
Sin embargo, en España las repotenciaciones realizadas no llegan a 100 MW, muy lejos de las previsiones del Plan de Energías Renovables 2011-2020, en el que el Gobierno anterior vaticinaba que esta vía fuese cobrando importancia poco a poco en nuestro país, con el objetivo de que cada año se renovase el 10% de los parques.
¿Dónde está el problema? En este PER, que quedó en papel mojado tras el cambio de Gobierno, ya se apuntaba claramente, al enunciar las condiciones necesarias para impulsar la renovación del parque eólico español: un tratamiento administrativo ágil y un sistema de retribución atractivo. De lo contrario, el coste de repotenciar puede ser el mismo que el de instalar un parque nuevo.
Respecto al primer factor, España puede presumir de lo contrario: las repotenciaciones se tramitan como proyectos nuevos, lo que implica una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y una nueva autorización administrativa, trámites que pueden prolongarse hasta tres años.
En cuanto al segundo, los intentos realizados han servido de poco. El Real Decreto 661/2007 incluía una prima adicional de 0,7 céntimos por kWh para repotenciar, lo que no resultaba en absoluto atractivo. El Real Decreto 6/2009 (el que puso en marcha el Registro de Preasignación) estableció que parques construidos antes del 31 de diciembre de 2011 podrían optar a la repotenciación de hasta 2.000 MW con derecho a una prima adicional de 7 euros/MWh, con lo que el coste de construcción se reducía tan sólo un 10%.
Una dificultad añadida es que muchos parques antiguos han sido declarados zona protegida (ZEPA o Red Natura 2000) con posterioridad a su construcción, lo que dificulta considerablemente que las comunidades autónomas autoricen permisos para obras.
El resultado son unos elevadísimos costes que en España han llevado a que junto a la repotenciación se hable del alargamiento de vida de los aerogeneradores como solución. Extender la vida de las máquinas de 20 a 30 años tiene sus propias ventajas. Al reforzar tecnológicamente las turbinas para hacerlas más eficientes, se maximiza el retorno a la inversión sin modificar la infraestructura del parque o realizar nuevos trámites administrativos, ni obtener permisos medioambientales. Esto permite que el alargamiento se ejecute de forma inmediata pero, una vez más, nos encontramos con el problema económico. Los parques susceptibles de extender su vida son los más antiguos, los que la Reforma Energética ha castigado más, a los que ha dejado sin incentivo alguno y los que están teniendo más problemas para refinanciar su deuda con los bancos. Por lo tanto, son los que tienen más difícil hacer esfuerzos económicos adicionales si no se les da algún tipo de salida desde la Administración.
Mientras tanto, en mercados maduros, como Alemania y Dinamarca, y en otros en los que se está apostando de verdad por la eólica, como el Reino Unido, ya hay una regulación ad hoc para la repotenciación, y las máquinas se van renovando poco a poco. En beneficio de todos.
No obstante, en nuestro país puede haber novedades en las próximas semanas. Si todo va según el guión previsto, el Gobierno no tardará en publicar las condiciones de la subasta de 500 MW eólicos anunciada hace unos meses. En su informe sobre el borrador de convocatoria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) afirma que ésta no servirá para construir nuevos parques eólicos, sino para repotenciar los existentes.
Según la CNMC, hay 189 parques en España (el 17,5% del total) susceptibles de ser repotenciados y que podrían acudir a esta convocatoria –la primera que lanzará el Gobierno tras la Reforma Energética y que permitirá instalar nueva potencia con incentivos– por tener más de 15 años y porque tras la repotenciación alcanzarían las 3.200 horas de operación supuestamente necesarias para que resulte rentable la inversión al coste de 1,1 millones de euros por MW que prevé el Gobierno (muy inferior al que maneja el sector).
Es decir que, a juicio de la CNMC, es difícil que la convocatoria de subasta se quede desierta. Pero lo ideal sería que se sentasen las bases para que el mercado de las repotenciaciones despegase en España, como ya lo está haciendo en otros países de nuestro entorno gracias a una regulación que establece las condiciones técnicas y económicas para hacerlas, y capaz de poner de acuerdo al gobierno central con los autonómicos en temas medioambientales.
La realidad es que en 2020 en nuestro país habrá casi 10.000 MW eólicos (el 44% del total) con más de 15 años de vida. Si queremos que esa flota no se quede obsoleta y deje de estar operativa, es necesario encontrar una solución que tenga en cuenta tanto la repotenciación como la extensión de vida. Es más, si queremos que nuestra industria eólica no se marche de España, esta solución debería ponerse sobre la mesa cuanto antes.
El Gobierno tiene una ocasión perfecta en la próxima convocatoria de subasta para mostrar si, por un lado, tiene intención de resolver estos problemas y, por otro, poner fin a la inseguridad jurídica consecuencia de la Reforma Energética, algo fundamental para financiar cualquier proyecto. Repotenciación o no.
Luis Polo, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)
AI
01/09/2015