El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que la existencia de una tarifa regulada en el mercado minorista de la luz, tal y como se ha aprobado recientemente, puede ser innecesaria y a medio plazo debería abordarse su eliminación, dejándola exclusivamente para último recurso.
Así lo recoge el informe "Buenas prácticas regulatorias. Una propuesta para el sector eléctrico español" del IEE, entidad que preside Íñigo Fernández de Mesa, que fue secretario de Estado de Economía con el PP, y que es consejero externo en Scottish Power, la filial británica de Iberdrola, y vicepresidente de la CEOE.
El estudio analiza los recientes cambios normativos que se han introducido en el sector por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, así como la reforma del diseño del mercado eléctrico que se está planteando.
La tarifa regulada de la luz
En concreto, el informe considera que la tarifa regulada que se aprobado recientemente se superpone con soluciones que ya provee el mercado.
Además, dice que los bonos sociales eléctrico y térmico deberían fusionarse en un único instrumento de ayuda a los consumidores vulnerables con el objetivo de facilitarles el pago de la factura energética.
El IEE considera que deben sustituirse en el bono social eléctrico los actuales descuentos porcentuales en el recibo de la luz por parte de las compañías por ayudas directas a los consumidores considerados vulnerables, financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El informe también analiza la propuesta de reforma del mercado eléctrico que hizo el Gobierno español y dice que se aleja de "la asignación y conformación de los precios de la electricidad a través de la libre iniciativa que se presenta en los mercados, marcando un mayor intervencionismo".
Según el IEE, el mercado debe seguir siendo "marginalista" (la última tecnología que casa precio para una hora, la más cara, es la que fija el precio que cobran todas), pues es lo que "garantiza que la energía se produce al menor coste posible".
La independencia
El informe también critica el funcionamiento de los contratos por diferencia (CfD) recogidos en esa propuesta del Gobierno previa a la europea.
En concreto, dice que esos contratos, firmados entre generadores y la autoridad regulatoria, trasladan los ingresos o costes de la liquidación al conjunto de todos los consumidores, con independencia de su aversión al riesgo y con independencia de sus preferencias acerca de la forma de contratación que más se ajusta a sus necesidades.
Además, señala que este tipo de contratación encarece el valor de las primas y perjudica a los consumidores que realmente desean cobertura.
Por eso, el IEE dice que, "de prosperar la propuesta de la Comisión Europea de regulación de los CfD para determinados supuestos, deberíamos limitarnos a su cumplimiento voluntario y no ir más allá de la misma".
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