El sector de energías renovables en España se encuentra en una encrucijada crucial, dependiendo de la convalidación del Real Decreto Ley 8/2023 por parte del Congreso. Este miércoles, la aprobación o rechazo de esta medida anticrisis podría determinar el destino de más de 40 gigavatios (GW) de proyectos renovables o lo que es igual, más de 40.000 millones de euros.
El decreto, uno de los tres textos en debate, busca extender seis meses el periodo para obtener autorización administrativa de construcción de proyectos renovables, cuyo plazo original concluye el 25 de enero.
Asimismo, agrega tres años al periodo para poner en marcha e interconectar las instalaciones a la red, brindando un respiro necesario ante desafíos logísticos y plazos ajustados.
Patronales
Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la extensión del plazo es esencial para planificar inversiones a largo plazo, permitir una distribución adecuada de la fabricación de equipos y ajustar la generación renovable a la evolución de la demanda eléctrica. Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, señala que la medida es crucial para evitar que los fabricantes chinos se aprovechen de la coyuntura de inflación de costes y limitación de plazos.
En cuanto al desarrollo de la eólica marina, Márquez destaca que, de no convalidarse el decreto, sería poco realista esperar que los proyectos marinos se tramiten a tiempo una vez se convoque la subasta.
Heikki Willstedt, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de AEE, ha recalcado la importancia de la convalidación para los proyectos que aún no han obtenido la autorización administrativa de construcción. Además, asegura que los seis meses de prórroga son fundamentales para la seguridad de los inversores, la atracción de nuevos proyectos y la reducción de costos. Willdstedt advierte también sobre el riesgo de generar una tasa de riesgo superior para las inversiones en España si persiste la incertidumbre.
José María González Moya, Director General de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), ha expresado su preocupación ante la posibilidad de limitaciones al sector renovable y destacado la necesidad de negociar alternativas y subraya que la incertidumbre afecta las inversiones y la competitividad en el precio de la electricidad.
José Donoso, Director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha alertado sobre las consecuencias negativas si no se aprueba el decreto. Con el reloj en marcha y la fecha límite del 25 de enero, ha advertido que el margen de tiempo es mínimo y que, de no aprobarse la medida, el sector se enfrentará a un problema de proporciones considerables. Asimismo, ha advertido de que una falta de acción podría afectar a miles de millones de inversiones y puestos de trabajo, llamando a la responsabilidad de los partidos para "salvaguardar los intereses nacionales por encima de los partidistas".
Luz y gas
Por otro lado, la caída en el Congreso de los Diputados de la convalidación de los reales-decretos aprobados a finales de diciembre por el Consejo de Ministros, que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis, podrían encarecer la factura de la luz más de un 11% con la pérdida de todas las rebajas fiscales para la electricidad.
El real-decreto para prolongar algunas medidas anticrisis recoge una retirada gradual de la bajada del IVA de la electricidad —que cayó del 21% al actual 5%—, del impuesto sobre la producción eléctrica —del 7% y actualmente suspendido— y la eliminación del impuesto especial eléctrico —ahora en el 0,5% frente al 5,1%—, que estaban vigentes hasta finales de 2023.
En concreto, en el caso de la electricidad, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se situaría en el 10% durante todo 2024; el Impuesto Especial de la Electricidad estaría en el 2,5% durante el primer trimestre del año y en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica tendría un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.
Sin embargo, la caída de las medidas, y la recuperación de todos los impuestos sobre la electricidad situarían ese recibo de la luz mensual en los 53,3 euros, un 11,3% más caro, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
José
10/01/2024