Izquierda Unida ha defendido la posibilidad de nacionalizar la central térmica de Compostilla (León) y su adaptación a los estándares recogidos en el Plan de Reducción de Emisiones como fórmula para garantizar el mantenimiento de los 300 empleos vinculados a su actividad.
Dos días antes de que el Pleno de las Cortes de Castilla y León debata una proposición no de ley presentada por el PP para pedir al Gobierno una disposición que permita mantener la actividad de producción de energía en Compostilla, la coordinadora del IU-León, Eloina Terrón, ha explicado que a través de IU-Equo han presentado otra proposición no de ley dirigida a una posible nacionalización.
En su propuesta, IU hace un planteamiento de nacionalización global del sector energético, como uno de los recursos estratégicos del país, al servicio de las necesidades sociales, tal como establece la Constitución.
La formación ha recordado que la Central térmica Compostilla es una de las más importantes de España en producción energética.
Da trabajo a más de 300 trabajadores en empleo directo, así como a subcontratas y muchos más de empleo indirecto, además de ser utilizada para la quema de carbón de las comarcas mineras limítrofes, aunque en la actualidad quema mineral procedente del exterior.
"Su adaptación a los estándares europeos, aunque costosos, son asumibles, si ello supone controlar de forma pública la producción y distribución de energía", ha afirmado Terrón.
En el llamado Plan Nacional de Reducción de Emisiones para Grandes Instalaciones de Combustión se recogen las limitaciones que las térmicas tienen a partir de 2016 para cumplir los objetivos de emisiones contaminantes a los que se ha comprometido España.
Así, antes de 2018 las centrales térmicas deben reducir entre un 50% y un 60% las emisiones de azufre y óxido de nitrógeno, según las especificaciones de la Unión Europea o reducir su capacidad de producción. Aunque en cualquier caso el límite temporal para adaptarse a la nueva normativa es el año 2023.
La empresa Endesa-Enel, propietaria de Compostilla, calcula que modernizar la central tendría un coste aproximado de 200 millones de euros y ya la Junta general de accionistas de la empresa italiana Enel, principal accionista de Endesa, anunció que Compostilla se cerraría el 30 de junio de 2020.
Una decisión tomada después de que la empresa decidiera que no invertirá para adaptarla a los requerimientos medioambientales de la normativa de la Unión Europea.
Posteriormente, ha anunciado que en todo caso los costes de esa modernización tendrían que ser asumidos públicamente.
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