La Comisión Europea ha aprobado un nuevo marco temporal de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos de la UE compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo, con medidas que incluyen subvenciones de hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte o la pesca.
El instrumento, bautizado como Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Próximo, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año y busca dar respuesta inmediata al alza de los precios de la electricidad, el gas y algunos insumos, que, según explica el Ejecutivo comunitario, está presionando los costes de producción y amenazando la viabilidad de numerosas actividades económicas.
En este sentido, las medidas se orientan especialmente a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola --afectada especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes--, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca, donde, señala la Comisión, el aumento de los gastos operativos puede comprometer directamente la continuidad de la actividad.
La aviación, en cambio, no figura entre los sectores incluidos en este marco, ya que, según aclara el Ejecutivo comunitario, el impacto de la subida de precios no es comparable al de otras actividades, en parte porque muchas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible a corto plazo.
El sobrecoste energético
Bruselas considera, además, que el sector dispone ya de instrumentos específicos para hacer frente a posibles disrupciones, como la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en rutas esenciales para garantizar la conectividad.
En la práctica, las ayudas permitirán a los Estados compensar parte de la subida registrada desde el inicio de la crisis, calculado en función de la diferencia entre los precios actuales y los niveles previos, y limitado a un porcentaje del consumo de cada empresa.
Además, Bruselas introduce una opción simplificada para acceder a las subvenciones, que permitirá a los países calcular los importes en función de criterios como el tamaño y el tipo de actividad de las empresas, así como estimaciones generales del uso de combustible en el sector u otros indicadores, en lugar de exigir a cada beneficiario pruebas detalladas de su consumo real, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario.
A partir de esa cantidad, sin embargo, la Comisión sí exigirá que las ayudas se justifiquen sobre la base de los costes efectivamente soportados, de modo que pueda acreditarse el aumento registrado y garantizar que la compensación no supere el 70% de ese incremento.
la industria intensiva
El nuevo marco también introduce ajustes en las normas de ayudas ya existentes para permitir mayor apoyo a las industrias intensivas en energía. En particular, se eleva del 50% al 70% la intensidad máxima de ayuda para compensar los costes eléctricos en determinados sectores.
Estas medidas podrán cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico de las empresas beneficiarias, sin exigir compromisos adicionales de descarbonización durante la vigencia del instrumento, con el objetivo de aliviar la presión a corto plazo.
La normativa también permitirá, de forma temporal, que algunas industrias electrointensivas acumulen este tipo de ayudas con compensaciones por los costes indirectos del régimen europeo de derechos de emisión, una combinación que hasta ahora se mantenía separada en los distintos marcos de apoyo, según explica la Comisión.
Riesgos
La iniciativa, explica el Ejecutivo comunitario, responde a la escalada de precios energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo desde el pasado mes de febrero, que ha disparado el coste del petróleo, el gas y los fertilizantes y ha generado una fuerte volatilidad en los mercados .
Según su análisis, los precios del gas han llegado a aumentar cerca de un 85% y los del petróleo más de un 50% en las primeras semanas de la crisis, afectando directamente a la electricidad y a sectores con alta dependencia energética.
Este encarecimiento, unido a las disrupciones en las cadenas de suministro, está presionando la rentabilidad de sectores con alta dependencia energética, como el transporte o la pesca, donde el gasto en carburante representa una parte relevante de la actividad, según la Comisión.








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