La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intensificado la presión sobre Red Eléctrica de España (REE) para reforzar la independencia del operador del sistema eléctrico frente a la actividad de transporte que desarrolla dentro del grupo Redeia. El regulador considera que, aunque se han producido avances relevantes en el cumplimiento de las exigencias de separación funcional, persisten ámbitos sensibles en los que la separación jurídica y económica entre ambas actividades debería profundizarse para evitar potenciales conflictos de interés.
En un informe aprobado el pasado 14 de mayo, la CNMC concluye que REE ha cumplido la mayoría de los requerimientos y recomendaciones formulados en 2024 sobre la independencia de la unidad encargada de operar el sistema eléctrico y gestionar la red de transporte. No obstante, el supervisor insiste en que el actual modelo, basado únicamente en separación funcional y contable, resulta menos garantista que el aplicado en el sector gasista, donde sí existe obligación de separación jurídica entre actividades.
El organismo regulador advierte de que el crecimiento previsto de las inversiones en redes eléctricas durante los próximos años incrementa el riesgo de conflictos entre la actividad de operación del sistema y la de transporte. Según la CNMC, el transportista podría verse incentivado a sobredimensionar necesidades de infraestructuras o priorizar inversiones con mayor rentabilidad retributiva, especialmente en un contexto en el que el Gobierno prevé elevar los límites de inversión en la red de transporte entre 2026 y 2030.
Discrepancias
En este escenario, la CNMC sostiene que la separación jurídica constituiría “un instrumento más eficaz” para garantizar la ausencia de conflictos de interés que la mera separación funcional actualmente vigente en el sistema eléctrico español. Además, el regulador plantea avanzar en restricciones sobre la capacidad de supervisión económica y de gestión que el grupo Redeia ejerce sobre el operador del sistema, incluyendo límites sobre instrucciones relativas a la gestión cotidiana o a la contratación de servicios dentro del grupo.
Redeia, por su parte, rechaza la necesidad de implantar una separación jurídica y defiende el modelo actual. En sus alegaciones, la compañía argumenta que la integración entre operación y transporte permite mejorar la seguridad y calidad del suministro eléctrico, facilita respuestas coordinadas ante incidencias y genera economías de escala que reducen costes para los consumidores. También sostiene que el sistema de controles internos y el Código de Conducta vigente son suficientes para evitar conflictos de interés.
Pese a las discrepancias, la CNMC valora positivamente el compromiso expresado por Redeia de seguir reforzando el modelo de separación funcional. El supervisor deja abierta la puerta a analizar en próximos ejercicios nuevas medidas que la empresa pueda adoptar para fortalecer la independencia del operador del sistema.
Uno de los principales focos de vigilancia de la CNMC se centra en la política retributiva de los directivos del operador del sistema. El regulador considera imprescindible que los incentivos variables de estos responsables no dependan de objetivos corporativos generales del grupo, sino exclusivamente de parámetros vinculados a la actividad de operación del sistema eléctrico. En este punto, la CNMC concluye que Redeia ya ha adaptado los objetivos de excelencia corporativa a metas específicas del operador del sistema, excluyendo variables ajenas a su actividad.
Sin embargo, el organismo mantiene abierto otro frente relacionado con el pago de incentivos mediante acciones de la matriz. La CNMC exige que los responsables de gestión del operador del sistema no perciban títulos de Redeia como parte de su retribución variable a largo plazo. Aunque la compañía ha comunicado que trabaja en un nuevo plan específico de incentivos para los directivos del operador, el supervisor constató que la directora general de Operación recibió acciones asociadas a un plan vigente comunicado a la CNMV en marzo de 2026.
Ante esta situación, la CNMC da por iniciadas las medidas para corregir este aspecto, pero exige a Redeia que remita en un plazo de dos meses desde la aprobación del nuevo plan la documentación que acredite el cumplimiento efectivo de la prohibición de remunerar con acciones a los responsables del operador del sistema.
Incorporación de recomendaciones regulatorias
El informe también constata que REE ha incorporado numerosas recomendaciones regulatorias en el nuevo Código de Conducta del operador del sistema. Entre ellas figuran mayores garantías sobre confidencialidad de información sensible, limitaciones en la movilidad interna de empleados entre áreas incompatibles, protección de la independencia profesional de los directivos del operador y refuerzo de las facultades del responsable de cumplimiento normativo.
No obstante, Redeia mantiene su negativa a aplicar dos de las recomendaciones más sensibles de la CNMC: evitar que operación del sistema y transporte compartan servicios estratégicos internos —como asesoría jurídica, regulación o control— y nombrar a un responsable de cumplimiento independiente y ajeno al grupo. La compañía considera que ambas medidas generarían costes adicionales y podrían reducir la eficiencia organizativa sin aportar mejoras reales a la independencia del operador.
La CNMC concluye que continuará supervisando en próximos ejercicios la evolución de todas estas medidas y el grado de independencia real del operador del sistema eléctrico respecto de Redeia, especialmente en un contexto de fuerte expansión de las inversiones en redes y creciente relevancia estratégica del sistema eléctrico para la transición energética.
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