La COAG pide al Gobierno topar el precio del gasóleo agrícola que ha subido un 95% en 2026

La organización agraria COAG ha pedido al Gobierno central topar el precio del gasóleo agrícola, que ha subido un 95,63 por ciento este 2026, para evitar la especulación, y ha recordado que por cada 10 céntimos de subida la factura del combustible se incrementa en 7 millones de euros para el campo de Castilla y León.

COAG ha planteado, en nota de prensa, que se debe de topar el precio de manera racional y negociada, topando solo el beneficio, aplicando la media únicamente a sectores estratégicos como el agropecuario y en situaciones de crisis como la actual, y llegando a acuerdos con las operadoras como se hace en Francia.

Ha insistido en que con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el precio del gasóleo agrícola se ha disparado un 60%, de modo que a fecha de 9 de abril se pagaba 1,542 euros el litro, según datos de la empresa de servicios de COAG Coordinación Agraria, asentada en Zamora, un 95,63% más que a finales de 2025.

"De esta manera los 20 céntimos de subvención al gasóleo que aprobó el Gobierno para atemperar los efectos de la guerra quedaron rápidamente disueltos por el inexorable y obstinado incremento del precio de los carburantes", ha lamentado COAG, que advierte de que la campaña agrícola de este 2026 será la más cara de toda la historia.

El tope al gasóleo agrícola

Lorenzo Rivera, coordinador de COAG, ha asegurado que “por cada 10 céntimos que suben las operadoras el precio del gasóleo a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León, la factura del combustible se incrementa en 7 millones de euros”.

COAG considera que la única manera de garantizar el control de la especulación es topar el precio de los carburantes agrícolas, como ya se ha hecho en algunos países europeos, donde aplican o estudian aplicar el tope regulatorio, estableciendo un precio máximo al litro de combustible obligatorio para las distribuidoras.

Y para evitar riesgo de desabastecimiento, o otro problemas, plantea que se tope solo el beneficio que produce la venta de combustible; y solamente con sectores estratégicos, como es el agropecuario, el de la distribución o el del trasporte, negociando además con las operadoras.