La Comisión Europea presenta este jueves 17 de julio una de las propuestas más esperadas de la agenda climática e industrial comunitaria: la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), el mercado europeo del carbono, junto al nuevo Plan de Acción para la Electrificación. Aunque se trata de dos iniciativas independientes, ambas forman parte de una misma estrategia con la que Bruselas pretende acelerar la descarbonización de la economía, reforzar la competitividad de la industria europea y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
La revisión del ETS marcará el inicio de una negociación política que se prevé intensa entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Sobre la mesa estarán algunos de los elementos más sensibles de la política climática de la Unión: el futuro de los derechos gratuitos de emisión para la industria, el ritmo al que deberán seguir reduciéndose las emisiones y el destino de los miles de millones de euros que recauda cada año el sistema. La Comisión quiere adaptar el mercado del carbono al nuevo objetivo europeo de reducir un 90% las emisiones en 2040, pero también convertirlo en una herramienta capaz de movilizar más inversión hacia la descarbonización industrial.
El ETS, considerado la piedra angular de la política climática europea desde su creación en 2005, cubre actualmente cerca del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión y afecta a más de 12.000 instalaciones de los sectores energético e industrial, además de la aviación y el transporte marítimo. Su principio es sencillo: quien contamina paga. Las empresas deben adquirir derechos para emitir CO2 y esa señal económica pretende incentivar las inversiones en tecnologías más limpias.
Posiciones encontradas
La propuesta llega, sin embargo, en un momento de posiciones encontradas. Mientras España, junto a Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, ha pedido mantener un ETS "sólido" que aporte estabilidad regulatoria y confianza a los inversores, otro grupo de diez países considera que el sistema actual está penalizando la competitividad de parte de la industria europea y reclama introducir ajustes.
La división también atraviesa al tejido empresarial. Más de un centenar de empresas y medio centenar de grandes inversores han solicitado en las últimas semanas que Bruselas preserve un precio del carbono estable y predecible, convencidos de que cualquier debilitamiento del sistema pondría en riesgo inversiones ya comprometidas en la transición energética. Otras grandes compañías, especialmente de los sectores químico y siderúrgico, defienden revisar algunos de los mecanismos actuales para aliviar la presión sobre la industria.








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