El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética (del 32% y del 32,5% para 2030, respectivamente) y ha respaldado la nueva normativa sobre gobernanza energética que obliga a los países a elaborar planes nacionales cada diez años.
Los eurodiputados han confirmado así el acuerdo alcanzado con los Estados miembros sobre estas tres nuevas normativas europeas, que forman parte del paquete "Energía Limpia para todos los europeos", propuesto por la Comisión Europea en noviembre de 2016.
Las tres deben ser ahora aprobadas por el Consejo de la UE (los Estados miembros) para después ser publicadas en el Diario Oficial de la UE. La normativa sobre gobernanza se empezará a aplicar veinte días después de dicha publicación, mientras que los países dispondrán de un plazo de 18 meses para transponer las nuevas disposiciones.
Según los nuevos objetivos, la eficiencia energética del conjunto del bloque comunitario tendrá que haber mejorado un 32,5% al término de la próxima década, mientras que la energía procedente de fuentes renovables tendrá que representar el 32% del consumo bruto total. Ambas metas serán revisadas en 2023, pero sólo podrán actualizarse para elevar el objetivo y no para reducirlo.
El eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe del Parlamento Europeo sobre renovables, ha destacado que la directiva "pone a Europa en la senda del cumplimiento del Acuerdo de París". "Hoy podemos afirmar que Europa está dando respuestas a la altura del desafío del cambio climático", ha subrayado el socialista.
Además, la directiva sobre renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.
El texto pactado también impide aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso 'impuesto al sol' en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.
Al menos el 14% del combustible usado para el transporte tendrá que proceder de fuentes renovables en 2030 y los biocarburantes de primera generación con alto riesgo de "cambio indirecto en el uso de la tierra" no se tendrán en cuenta para los objetivos de uso de renovables a partir de ese año.
Las futuras normas sobre gobernanza, por su parte, obligarán a los Estados miembros a diseñar una estrategia energética y climática con objetivos nacionales, contribuciones, políticas y medidas para el 31 de diciembre de 2019 y cada diez años desde esa fecha.
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