La factura energética tensiona los hogares y lleva al 77,3% de la ciudadanía a reducir su consumo en casa

La energía se ha convertido en uno de los principales termómetros de la economía doméstica. La evolución de los precios, la dependencia de los mercados internacionales, los episodios de inestabilidad geopolítica y el aumento de las temperaturas extremas han situado el consumo energético en el centro de las decisiones domésticas cotidianas.

En este contexto, el debate sobre la factura de la luz y del gas va más allá del precio. También afecta a la capacidad para mantener niveles adecuados de confort en las viviendas y a las decisiones de consumo y también evidencia la necesidad de acelerar una transición energética basada en la eficiencia, las energías renovables y la justicia social. Así lo refleja el III Estudio sobre Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank, según el cual el 77,3% de la ciudadanía ha reducido su consumo energético en el hogar debido al encarecimiento de la energía. Además, el 77,8% ha percibido un incremento de su factura energética durante el último año y más de la mitad considera que esa subida ha sido muy importante.

Estos datos se producen en un momento en el que la vulnerabilidad energética ocupa un lugar creciente en la agenda pública. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 sitúa la equidad energética como un eje clave para garantizar un acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, con medidas vinculadas al bono social, la rehabilitación de viviendas vulnerables, la coordinación administrativa y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Desde esta perspectiva, los resultados del Estudio muestran cómo la presión de la factura energética ya se traduce en cambios concretos dentro de los hogares. La reducción del consumo por la subida de la factura ha sido moderada en la mayoría de los casos (55,9%), mientras que un 21,4% la ha bajado de forma significativa. Un 22,7% reconoce, sin embargo, que no ha reducido su consumo pese al incremento de los precios. Este comportamiento puede conectarse con el concepto de “pobreza energética escondida” (HEP, por sus siglas en inglés), asociado a hogares que mantienen un consumo energético excesivamente por debajo de sus necesidades.

Entre quienes han percibido un aumento de su factura, la inflación y la subida generalizada de los precios son identificadas como la principal causa (63,5%), seguidas del encarecimiento de la energía (58,8%) y de la guerra y la situación geopolítica internacional (45,6%). Otros factores relacionados con cambios en las tarifas, un mayor consumo en el hogar o cuestiones fiscales tienen un peso muy inferior.

La percepción de incremento de la factura se mantiene elevada pese a las medidas aprobadas en los últimos años para amortiguar el impacto de la crisis energética, entre ellas el mecanismo temporal de ajuste de costes de producción de electricidad regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, conocido como “excepción ibérica”, establecido para limitar el impacto de la escalada del precio del gas natural en el mercado mayorista eléctrico en un contexto de fuerte tensión internacional.

Por edades, la mayor sensibilidad hacia el aumento de la factura se sitúa en las personas entre 56 y 65 años (85,1%). En esta franja de edad, el 78,4% ha reducido su consumo energético en casa por el aumento de precios, y concretamente un 25,4% lo ha reducido mucho.

Esta lectura por edad conecta con el análisis de la vulnerabilidad energética desde una perspectiva sociodemográfica. El Diagnóstico de pobreza energética en España elaborado por IDAE señala que la composición del hogar, la edad, la situación laboral y la fuente principal de ingresos son variables relevantes para entender el impacto de la factura energética. En particular, el informe identifica una mayor incidencia del gasto energético desproporcionado en los hogares unipersonales, con especial atención a las personas solas de 65 años o más.

La eficiencia energética aún tiene margen de mejora

El Estudio pone de manifiesto que, si bien cada vez más hogares adoptan medidas para consumir menos energía, las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas todavía avanzan lentamente. Esta brecha entre intención, necesidad y capacidad de actuación resulta especialmente relevante en el contexto actual, en el que la eficiencia energética aparece como una herramienta clave para reducir la exposición de los hogares a futuras subidas de precios.

La medida más extendida consiste en modificar hábitos de consumo, como ajustar la temperatura o racionalizar el uso de los equipos eléctricos, iniciativas que dicen adoptar el 35,8 % de la población. Les siguen la sustitución de electrodomésticos por otros de bajo consumo (23%), las mejoras de aislamiento de la vivienda (19,8 %), o, a una distancia significativa, la sustitución de sistemas de calefacción o aire acondicionado por otros más eficientes (9,1%) y la instalación de energías renovables de autoconsumo, como paneles solares (7,2%).

Sin embargo, cuatro de cada diez personas (40%) reconocen no haber hecho ninguna mejora relacionada con la eficiencia energética de su vivienda en los últimos años, lo que evidencia el margen de mejora que aún existe en el parque residencial español.

La eficiencia energética no depende solo de la voluntad individual. También requiere información accesible, financiación adecuada, ayudas públicas eficaces y soluciones adaptadas a las realidades residenciales, desde viviendas unifamiliares hasta comunidades o edificios antiguos con necesidades de rehabilitación mayores.

En este sentido, las ayudas públicas directas son la medida más señalada para impulsar actuaciones de eficiencia energética (52,4%), por delante de los incentivos fiscales (32,7%) y de las ayudas específicas para comunidades (29,7%). Además, prácticamente una de cada cuatro personas (24,7%) reconoce no saber qué medidas podrían animarlas a mejorar la eficiencia energética de su vivienda.

Respaldo amplio a las energías renovables

El estudio refleja también un consenso social elevado sobre el papel de las energías renovables para reforzar la seguridad energética del país. En concreto, el 73 % de la ciudadanía considera que España debería impulsar el uso de energías renovables para reducir el impacto que acontecimientos externos, como los conflictos internacionales, tienen sobre el precio de la energía.

Por comunidades autónomas, Baleares encabeza ese respaldo, con un 83,4%, seguida de Galicia (78,3%), Canarias (77,6%), Murcia (76,4 %), Navarra (76,3%) y Extremadura (76,1%). Aunque Andalucía (66%) y Cantabria (66,3%) registran los porcentajes más bajos, el apoyo se mantiene claramente mayoritario en ambos territorios.