La industria del gas y petróleo ha reclamdo a la Comisión Europea (CE) que retrase tres años la entrada en vigor de las normas de seguimiento y control de las importaciones de metano a la Unión Europea (UE), que en principio deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2027, bajo el argumento de que dicha ley todavía no está "totalmente definida y desplegada".
En una declaración conjunta que firman, entre otras, la Asociación Española del Gas (Sedigas) y la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), la industria denuncia que Bruselas "no ha realizado una evaluación exhaustiva" ni de la "viabilidad del cumplimiento" de la ley ni de sus "posibles efectos".
Por ello, las organizaciones que firman el texto reiteran su "compromiso" con la reducción de emisiones de metano y subrayan que no piden "una reducción de las sanciones ni una flexibilización de sus obligaciones", sino" disponer del tiempo y de las herramientas necesarias para que dicho cumplimiento sea realmente viable para el petróleo crudo y el gas que Europa necesita".
En este contexto, sugieren una serie de "modificaciones específicas" del reglamento y "una prórroga de tres años de las obligaciones correspondientes" del capítulo que regula las medidas de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de metano asociadas a las importaciones de crudo, gas natural y carbón.
"No se solicita debilitar el reglamento ni retrasar sus objetivos, sino garantizar que, cuando sus obligaciones resulten exigibles, existan realmente los sistemas y mecanismos necesarios para cumplirlas", destacan los firmantes.
La industria energética y el metano
Además, remarcan que esta "prórroga" debería ser "vinculante" desde el punto de vista jurídico, puesto que "las recomendaciones no vinculantes o la discrecionalidad de las autoridades nacionales en su aplicación no pueden proporcionar la seguridad jurídica ni la implementación armonizada que requiere el mercado interior".
El reglamento europeo del metano fue aprobado en 2024 y ha generado desde entonces muchas críticas por parte de los principales suministradores de gas a la UE, como Estados Unidos, Catar, Nigeria y Argelia, países que en una carta advirtieron de que el reglamento pone en riesgo las importaciones europeas de gas.
La Comisión Europea recomendó en julio suspender durante tres años, hasta 2030, las sanciones previstas a los importadores de gas y petróleo que contempla el reglamento, que es el primer marco de la UE para medir, notificar y verificar las emisiones de este gas.
Además, en una segunda recomendación, Bruselas intentó dar "certeza y claridad" a importadores de petróleo y gas y a los propios Estados miembros sobre la forma de demostrar "de manera sencilla" el cumplimiento de las obligaciones del reglamento.









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