La industria y los centros de datos no quieren deshacerse de su punto de conexión a la red eléctrica

España tiene un serio problema con la tramitación de las conexiones a la red. No ha conseguido dar con la tecla para que no se le monten distintas burbujas alrededor de los puntos de acceso y conexión a la red. Primero fue con la generación renovable, luego con el almacenamiento y ahora también con la demanda, la nueva industria y los centros de datos.

La Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-ley 7/2026 anunciaba un plazo para renunciar voluntariamente a los permisos de acceso y conexión de demanda. Este plazo finalizó exactamente el 22 de junio de 2026. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, sólo poco más de un gigavatio de capacidad de la nueva demanda ha desistido del punto de acceso y conexión.

El objetivo del Gobierno era hacer limpia dentro de la especulación con los puntos de acceso y era primordial la retirada de proyectos que estaban menos avanzados y que no tenían visos de salir adelante. De esta manera, se abriría hueco, se liberaría nueva capacidad para dar entrada a nuevos actores que quieren llevar a cabo sus proyectos de demanda, desde nuevas industrias, centros de datos, complejos de viviendas o de almacenamiento energético.

El Gobierno dio a conocer los datos de la planificación y hay solicitada otra España, es decir, existen más de 40 GW de demanda nueva que tiene ya el acceso concedido. Pues de todos ellos, sólo poco más de un gigavatio ha decidido desistir del punto de conexión. Un fracaso para los objetivos del equipo de Sara Aagesen que esperaba una mayor liberación de capacidad.

Pero es que realmente no había demasiado incentivo. Según la normativa, a los promotores de demanda que formalizaron su renuncia antes de esa fecha límite se les garantizaba por un lado la devolución de los avales, el retorno íntegro de las garantías económicas que se hubieran depositado bajo la normativa anterior, y por otro, la exención de penalizaciones, es decir quedar libres del nuevo sistema de pagos por "prestación por reserva de capacidad de acceso", diseñado precisamente para penalizar y combatir el acaparamiento y bloqueo especulativo de la red eléctrica por proyectos no ejecutados.

Pocos incentivos

Pero, ¿qué ocurre si no se renunció antes del 22 de junio de 2026? Lo primero de todo, mantienes los permisos vigentes, y sigues con tu punto de acceso y conexión.

Ahora, quedas sujeto de forma obligatoria a la nueva liquidación mensual de Red Eléctrica o la distribuidora. Deberás abonar la contraprestación económica por reserva de capacidad hasta que formalices el contrato definitivo de acceso e inicies la actividad.

Además, conseguir que te devuelvan los avales ya no será tan fácil. Para recuperar los avales antiguos ya no basta con renunciar; ahora tendrás que esperar a que el pago acumulado de la nueva tasa de reserva de capacidad supere los 40 €/kW para solicitar su devolución.

Pero esto no es lo peor. Fuentes del sector explican a El Periódico de la Energía que es peor renunciar al punto de acceso porque "nada ni nadie te garantiza que vuelvas a poder obtenerlo".

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno para acabar con esta especulación de la conexión a la red por parte de la nueva demanda es que los proyectos tendrán cierta prioridad dependiendo de a qué actividad se destine. Si es vivienda, un centro de datos, un hospital o una batería. Será decisión del Gobierno o de la CCAA poder aprobar o no un proyecto y esa arbitrariedad la quieren evitar quienes ya poseen un punto de acceso.

"Es preferible pagar más que comenzar de nuevo la tramitación de un proyecto por mucho que haya cambiado. Ahora ya no depende únicamente de tiempo, sino que hay otros intereses políticos y por eso casi nadie se ha deshecho del punto", explican fuentes del sector.

En definitiva, el sector industrial, la nueva demanda ha aplicado el dicho español de más vale pájaro en mano que ciento volando y ha preferido mantener su punto de acceso antes de iniciar un nuevo proceso de tramitación.