La justicia belga sigue los pasos de los tribunales británicos y autoriza el embargo de los ingresos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo. Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, pasarán ahora a manos de una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.
La continua negativa del gobierno español a cumplir con los laudos dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, ha llevado a la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad del Reino de España.
Así, los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
En la decisión que ahora trasciende, la justicia belga responde a una petición presentada originalmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta finalmente por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica, que ha emitido un fallo con fecha del 18 de junio mediante el cual se autoriza el embargo reclamado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos, titular del caso Infrared.
Fundamentos del fallo
En esta histórica decisión, el juez Degreef señala que los artículos 1412 y 1539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países. Este mecanismo ha sido invocado por los acreedores para solicitar el embargo de los ingresos que recibe el Reino de España en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol canaliza mes a mes en sus pagos a la empresa pública Enaire.
El fallo del juez Degreef concluye que "el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado". Considera asimismo que "no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables". Añade, de hecho, que "nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores".
La deuda acumulada por el Reino de España con la empresa denunciante asciende a 32 millones de euros. El laudo original ascendía a 28 millones de euros, pero desde entonces se han acumulado 4 millones de euros adicionales, debido a los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones de euros por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones de euros.
Los tribunales belgas autorizan ahora el embargo de los pagos que Eurocontrol realiza a Enaire y aprueban el cobro de más de 32 millones de euros por parte de Blasket Renewable Investments. Enaire es el ente encargado de la gestión de la navegación aérea en España. Está certificado para la provisión del servicio de control del tráfico aéreo, para la facilitación de información aeronáutica y de redes de comunicación, para el seguimiento de la navegación y la vigilancia de la operativa de las aerolíneas y sus aeronaves, etc. Por lo tanto, su tarea es fundamental para que los aviones puedan moverse de manera segura y organizada dentro del espacio aéreo del Reino de España.
Con aproximadamente 2 millones de vuelos al año, ENAIRE gestiona 2,2 millones de km² de espacio aéreo desde cinco centros de control aéreo y 21 torres de control. Asimismo, la compañía posee el 51% de AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo, y cuenta con 46 aeropuertos que gestionan un tráfico anual de más de 200 millones de pasajeros. A lo largo del ejercicio financiero 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros, de modo que el saldo mensual promedio de la cuenta española ronda los 50 millones de euros.
En busca de un acuerdo
Las 26 empresas de energía renovable afectadas por los impagos han revelado que la suma de la compensación, intereses y costos legales se sitúa actualmente alrededor de los 1.800 millones de euros y su ritmo de incremento ronda los 100.000 euros.
Además de los embargos aprobados por los tribunales británicos y belgas, España está lidiando asimismo con la amenaza de la activación de un procedimiento de incumplimiento técnico de deuda (default técnico) que afectaría a cuatro títulos de deuda pública. Dicha controversia ha causado ya un daño de hasta 7.300 millones de euros a la economía española, en términos de mayor riesgo e incertidumbre, encarecimiento de la financiación, etc.
España acumula un mayor número de laudos pendientes de pago que Venezuela o Rusia. Para evitar que esta situación se siga agravando, las empresas afectadas desean llegar a un acuerdo con el gobierno español y, en línea con una propuesta presentada en mayo pasado en Madrid, han propuesto una solución constructiva que permita poner fin al litigio y articular el pago de las obligaciones pendientes. Los afectados también se han mostrado abiertos a reinvertir en España, siempre y cuando se restablezca la seguridad jurídica.
La decisión del tribunal belga coincide con el esperado traslado a Bruselas de la Ministra de Transición Ecológica y Vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, de quien se espera que presente su candidatura a formar parte de la próxima Comisión Europea. Ribera ha insistido hasta la fecha en bloquear cualquier acuerdo con los acreedores, agravando un problema que se originó bajo gobiernos anteriores y dejando a España en una situación muy delicada, como ponen de manifiesto los embargos autorizados por los tribunales británicos y belgas.
Ante su posible salto a Bruselas, las empresas afectadas consideran vital que Ribera facilite un acuerdo que despeje la situación, evite nuevos embargos y despeje las dudas sobre su compromiso con los inversores en renovables. Es importante señalar, asimismo, que esta decisión de la justicia belga llega tras dos pronunciamientos recientes en los que los tribunales de Suiza y Alemania han fallado igualmente contra España en relación con diversos aspectos relacionados con los impagos.
Por otro lado, y además de Reino Unido, la Corte Suprema de Australia ha abierto la puerta a confiscar bienes del Reino de España por este mismo motivo. Finalmente, en Estados Unidos están en marcha una decena de procedimientos judiciales por el mismo motivo. En el caso más relevante de todos, que afecta a la empresa NextEra, la primera vista oral tuvo lugar el pasado mes de febrero. A lo largo de la sesión, la justicia del país norteamericano tomó una posición muy crítica con la posición de España.
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