6 comentarios publicados El Gobierno de Pedro Sánchez tiene un problema y no es menor. El impago a los inversores internacionales de renovables de la deuda contraída en los tribunales de arbitraje por el recorte a la retribución de las instalaciones de renovables asciende a casi 1.200 millones, y los fondos se están hartando de que no pague.
Varios de estos fondos están buscándole las cosquillas al Gobierno tratando de cobrar vía los tribunales dicha deuda a través de bienes del Estado español. Jurisdicciones como Reino Unido, EEUU, Australia o Suiza son un claro ejemplo de ello. Allí los fondos que invirtieron en renovables en España y han ganado su laudo contra el Estado español reclaman el cobro a través de solicitudes de embargo de bienes y cuentas.
Lo último en llegar ha sido el caso del fondo Blasket Renewable Investments LLC quiere que España acelere el pago de cuatro emisiones de deuda valoradas en 910 millones de euros. Además, este fondo ha decidido declarar a España en impago técnico por esta situación, algo que según dicho fondo no sucedía desde 1936.
El Gobierno de España ha considerado que la posible reclamación de activación de 'default' de cuatro emisiones de bonos por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments "no tiene nada que ver con la deuda del Estado".
Reclamaciones por los recortes a las renovables
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá "respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado".
Efectivamente no tiene nada que ver con la situación de la deuda, lo que está haciendo es reclamarla y poder cobrar la suya que se ha ganado en los tribunales. Esta reclamación tiene que ver con los laudos en inversiones renovables por recortes adoptados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy.
El Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene en sus trece de no pagar ninguna deuda. Son casi 1.200 millones lo que lleva perdido. Basa su argumento en que no tienen que pagar absolutamente nada por haber llevado a cabo esta medida, tal y como les dio la razón el Tribunal Supremo con los demandantes de origen español.
Algo parecido sucedió en la Justicia Europea. La base jurídica de las reclamaciones dentro de la UE ha quedado excluida porque el TJUE concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea.
Fuera de la UE
Es por ello, que los fondos, algunos no europeos, y que han ganado su reclamación en el Tribunal del Banco Mundial (CIADI) en Nueva York están solicitando el embargo de bienes españoles fuera de la UE (las cuatro jurisdicciones antes señaladas).
Pero ¿qué bienes hay en peligro? Los fondos han puesto los ojos en varios. La indemnización por la catástrofe del hundimiento del barco Prestige (valorada en cerca de 1.000 millones de euros). También las cuentas bancarias del Instituto Cervantes en Londres así como su propia sede. Además, también se han fijado en un edificio de ACCIÓ, la agencia de promoción económica de la Generalitat de Cataluña o en la filial australiana de Navantia.
El problema es que la Justicia está comenzando a dar la razón a los fondos una vez más, y España tiene que redoblar el gasto en defensa de sus intereses con la contratación de carísimos bufetes de abogados especializados en arbitraje internacional y disputas de impagos entre Estado e inversores.
Se alargan los procesos judiciales pero ya no hay más cera que la que arde. Y en juego hay bienes de todos los españoles en el extranjero. Con la imagen que ello supondría para un Gobierno y para un Estado.
Además, sólo el hecho de que se pierda uno, va a hacer que se provoque una avalancha de demandas de este tipo en la jurisdicción donde se produjera ese caso.
Cir
22/04/2023