Los consumidores eléctricos asumieron un sobrecoste de 16,62 euros por megavatio hora en su factura de la luz durante la primera quincena de julio como consecuencia de los servicios de operación del sistema, un coste adicional que ya representa uno de cada seis euros pagados por la electricidad y que, según las entidades promotoras del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, se ha consolidado como un gasto estructural del sistema eléctrico.
El informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 15 de julio de 2026, señala que el precio medio del mercado diario fue de 91 euros/MWh, mientras que los servicios de operación añadieron otros 16,62 euros/MWh, elevando el precio final hasta los 107,75 euros/MWh. Este sobrecoste supone un impacto del 8% en la factura de los consumidores acogidos al PVPC, del 10% para las pequeñas y medianas empresas con tarifa 3.0TD y del 19% para los consumidores electrointensivos con tarifa 6.4TD.
Impacto de 200 millones
El documento advierte además de que, desde el inicio de 2026, el coste medio de estos servicios asciende ya a 21,97 €/MWh, una cifra que sitúa este concepto en niveles similares al coste de las redes eléctricas. En la primera quincena de julio, el impacto económico de estos servicios superó los 200 millones de euros y el coste acumulado desde el 1 de enero alcanza aproximadamente los 2.940 millones de euros, un 36% más que en el mismo periodo de 2025.
El Observatorio sostiene que el incremento de estos costes se ha acelerado en los últimos meses y atribuye buena parte de este aumento a la intensificación de la denominada "operación reforzada", aplicada tras el apagón del 28 de abril de 2025. Según el informe, este mecanismo extraordinario ha elevado de forma significativa los costes que soportan hogares y empresas, trasladándose directamente a la factura eléctrica y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía.
Señal de precios distorsionada
Las entidades impulsoras consideran que esta situación genera una señal de precios distorsionada que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía, por lo que reclaman una intervención regulatoria para corregir estas distorsiones. Entre las medidas propuestas figuran un mayor control por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los costes de operación, especialmente los asociados a la operación reforzada, así como la publicación periódica y detallada de esta información y un calendario para poner fin a dicho mecanismo extraordinario.
El informe también plantea estudiar fórmulas regulatorias que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema eléctrico para evitar que recaigan directamente sobre la industria, además de impulsar una reforma estructural de la fiscalidad energética. En este sentido, propone consolidar de forma permanente la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial sobre la Electricidad, al considerar que ambos gravámenes incrementan artificialmente el precio de la electricidad. Asimismo, reclama alinear las decisiones regulatorias con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía energética.
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