Las principales comercializadoras de electricidad de la Península Ibérica han mostrado a los Gobiernos de España y Portugal "su profunda preocupación" por el impacto creciente de los costes asociados a los servicios de ajuste, agravado en el caso del sistema eléctrico español por la denominada operación reforzada tras el apagón del 28 de abril de 2025, y han pedido su "necesaria financiación vía coste regulado".
En una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida por más de medio centenar de compañías -entre las que figuran Iberdrola, Endesa, EDP o Acciona, entre otras, así como las asociaciones Aelec y ACIE, que representan en torno al 80% del sector- a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y a la ministra de Ambiente y Energía portuguesa, Maria da Graça Carvalho, advierten de que "esta realidad introduce un desequilibrio estructural en el funcionamiento del mercado minorista".
Así, estiman que afecta a aspectos como la imposibilidad de previsión e impacta en la competencia y en el consumidor, ya que induce primas de riesgo cada vez más elevadas en las ofertas comerciales, "con un impacto directo en los precios ofrecidos a los consumidores y, en algunos casos, provocando la retirada de oferta en segmentos de mercado especialmente sensibles al riesgo".
Las comercializadoras eléctricas
Por ello, abogan por evaluar soluciones regulatorias que permitan asegurar "una recuperación más estable y previsible de estos costes del sistema, en concreto a través de la fijación de un coste regulado -vía cargos del sistema, o a través de un mecanismo tarifario de naturaleza equivalente-, tal y como se hace en la gran mayoría de los países europeos".









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