La pobreza energética campa a sus anchas por España. El último dato que lo corrobora se daba a conocer ayer: los cortes de suministro de gas por impago ascendieron a 75.162 en 2013, lo que suponía un incremento del 86%, o de 34.826, con respecto a las 40.336 interrupciones practicadas por las empresas durante el ejercicio anterior. Este dato aparece recogido en el informe de supervisión del mercado minorista de gas natural del año 2013, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el informe, el regulador dedica un epígrafe a este asunto y advierte del incremento "significativo" en el número de cortes por falta de pago. Todos ellos se concentran en pequeños clientes que se corresponden con los hogares españoles.
La cifra de 75.162 cortes equivale a un corte por impago por cada 100 clientes. Al cierre del pasado ejercicio, existía un total de 7,44 millones de puntos de suministro de gas. El aumento de los impagos se produce a pesar de que la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas bajó el año pasado un 3,7% para un consumidor promedio de 9.000 kilovatios hora (kWh) al año. Pero este no es el caso ni de la luz ni de los carburantes que, en los últimos años, se han disparado, logrando el desgraciado hito de situar la tasa de familias que destinan más del 10% de su renta a la luz y el gas en una cota próxima al 17%.
A esto hay que sumarle que el porcentaje de personas en riesgo de exclusión social ha aumentado un 5% hasta llegar al 28,2% actual. Según han podido comprobar, además de las desigualdades sociales, la situación de las familias con respecto al mercado laboral son factores de gran influencia para determinar si un hogar sufre o no pobreza energética.
El número de españoles que están en riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones en solo dos años, lo que representa un incremento del 34%. Es la conclusión más destacada que ofrecía la segunda edición del estudio de referencia en España, editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Estos datos se traducen en familias que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago (1,4 millones en 2012, más del doble que en 2006, antes de la crisis) y, lo más grave, muertes prematuras en invierno. Hasta 7.200 fallecimientos podrían evitarse si se erradicara el problema, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las rentas bajan, los precios suben
La culpa de este aumento la tienen sobre todo dos fenómenos paralelos: mientras los ingresos de los españoles se reducen por la crisis, el precio de la energía se dispara. La factura de la luz, principal responsable de este aumento, subió un 60% desde 2007, mientras las rentas bajaron un 8,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En consecuencia, los hogares deben dedicarle un porcentaje cada vez más alto de sus ingresos. De una media del 4,3% en 2007 se ha pasado al 6,5% en 2012. Si se traducen los porcentajes a cifras absolutas, España es el cuarto país dentro de la UE con mayor número de personas afectadas, por detrás de Italia, Reino Unido y Polonia. De los 54 millones que aseguraron sufrir este problema en la UE, más de cuatro millones vivían en España.
La mala calidad de las viviendas es precisamente el tercer factor que los expertos mencionan como causa de pobreza energética, junto a la subida de la luz y la bajada de las rentas. “La mayoría de los edificios se han construido en España sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética. La normativa no obligaba y esto no importaba cuando los sueldos eran altos y la electricidad costaba poco. Ahora ha llegado la crisis y nos encontramos con un problema que no solo afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, sino a la propia deuda del país, que tiene que importar el 77% de la energía que consume.
Mientras tanto, como medida a corto plazo, debería redefinirse el único mecanismo que existe en España para mitigar el problema: el bono social. Esta medida, que congeló el precio de la luz con el importe de julio de 2009 y a día de hoy ofrece a los beneficiarios en torno a un 25% de descuento sobre la tarifa regulada, se considera insuficiente porque solo subvenciona la calefacción eléctrica —cuando muchos utilizan sistemas de gas— y además los hogares que pueden solicitarlo no siempre son los más vulnerables.
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