La UE acuerda rebajar las exigencias ambientales de las empresas para aliviar la carga burocrática

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para reducir las obligaciones de sostenibilidad y diligencia debida que exigen a las empresas informar del impacto ambiental de su actividad, con el objetivo de impulsar la competitividad y reducir su carga administrativa.

"Estamos dando un paso grande e importante en la dirección correcta. Con normas claras y sencillas, las empresas pueden centrarse en su actividad principal, de modo que logremos una mejor relación calidad-precio en la transición ecológica, creemos empleos europeos y reforcemos la capacidad de las empresas para crecer e invertir", ha señalado Morten Bodskov, ministro danés de Industria, Negocios y Asuntos Financieros, en un comunicado.

El pacto, que fue cerrado en el marco de las negociaciones del llamado paquete de simplificación Omnibus I, propuesto por la Comisión Europea, contempla, entre otras cosas, que solo las compañías más grandes deberán presentar informes detallados sobre su impacto social y medioambiental.

A partir de ahora, esta obligación afectará únicamente a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros. Antes, el límite estaba en 250 trabajadores.

Las empresas más pequeñas podrán rechazar solicitudes de información que consideren excesivas, con el fin de evitar cargas innecesarias. Además, la Comisión Europea creará un portal digital con plantillas y guías para ayudar a cumplir las normas.

Las exigencias ambientales en la UE

Las nuevas reglas también limitan la obligación de las empresas de vigilar los posibles riesgos sociales y medioambientales en sus cadenas de suministro. Solo las grandes corporaciones, con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros, tendrán que realizar este tipo de controles. Unas normas que se aplicarán también a las compañías de fuera de la UE que superen el mismo umbral de facturación.

Estas empresas ya no estarán obligadas a revisar toda su cadena de valor en detalle, sino únicamente las áreas donde sea más probable que existan problemas. También se elimina la obligación de elaborar un plan específico para la transición climática. En caso de incumplimiento, las sanciones podrán alcanzar hasta el 3% del volumen de negocio mundial de la empresa.

El calendario también se ajusta: los países tendrán hasta julio de 2028 para aplicar las nuevas reglas, y las empresas afectadas deberán cumplirlas a partir de julio de 2029. El texto aún debe recibir el visto bueno formal del Parlamento Europeo y de los Estados miembros antes de su adopción definitiva.