La obsesión del exministro Soria con el sector de las renovables era de tal calibre que no le importaba mentir incluso al Tribunal Supremo.
El pasado 17 de marzo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que aún comandaba Soria, filtraba un comunicado en el que aseguraba que el Parlamento Europeo rechaza investigar el recorte a las renovables.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, esta afirmación por parte de Industria es totalmente falsa. Se trata pues de la última mentira de Soria contra las renovables.
El Ministerio se basa para filtrar esta información de manera parcial en un documento sobre una petición que hizo la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) para que el Parlamento Europeo investigara si en España se están vulnerando derechos comunitarios como la confianza legítima y la seguridad jurídica en el recorte a las renovables.
Dicho documento lo ha entregado ahora la Abogacía del Estado en los juicios que defiende en el Tribunal Supremo con el objetivo de que el Alto Tribunal tire para atrás todas las demandas.
La comisión de peticiones del Parlamento Europeo pidió asistencia a la Comisión Europea para que le ayudara con la petición. La Comisión Europea lo único que redactó fue un informe no vinculante en el que aseguraba que el recorte a las renovables no vulnera ninguna de las Directivas europeas. Se lo notificó a la comisión de peticiones el pasado 29 de febrero. No entró a decir ni siquiera lo que realmente pide Anpier sobre si se han saltado dos derechos básicos como la confianza legítima y la seguridad jurídica.
El Gobierno, ni corto ni perezoso, decidió filtrar a su manera lo que la Comisión Europea decía en ese informe, pero le salió el tiro por la culata. El Ministerio filtró que el Parlamento Europeo rechazaba investigar los recortes efectuados a las tecnologías renovables.
Según explica Anpier y otros demandantes en el Tribunal Supremo como el bufete Holtrop, "el documento aportado por el Abogado del Estado es un informe de la Comisión Europea a petición de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, y en ningún momento prejuzga la decisión final del Parlamento en relación con la petición. Es decir, que no es correcto afirmar que el Parlamento Europeo rechaza la petición, sino que lo que aquí ha sucedido es que la Comisión Europea ha emitido un informe, no vinculante".
El Ministerio de Industria ha querido engañar a la opinión pública con la filtración del informe de la Comisión Europea, poniendo en boca del Parlamento Europeo algo que realmente no ha sucedido. Y encima lo lleva ante el Supremo como prueba para intentar tumbar las demandas de las renovables.
Enfado del Parlamento Europeo
Según ha explicado el abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, a este diario, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo tiene cierto enfado por la filtración de la información por parte del Ministerio de Industria.
Toda esto forma parte de la estrategia del Gobierno de intentar echar para atrás los recursos de las renovables contra el decreto que propinó el hachazo a las retribuciones de las instalaciones en 2014.
Desde que el Tribunal Supremo, tras escuchar a las partes en varios casos, tuviese dudas y pidiera su opinión el Tribunal Constitucional, el Gobierno no ha hecho otra cosa que filtrar información y aportarla en el Supremo para solicitar el rechazo de los recursos.
Lo primero que hizo fue filtrar una sentencia del TC contra el recurso de la Comunidad Autónoma de Murcia. Con su consiguiente enfado por parte del TC. A los pocos días sacó a la luz el primer laudo arbitral de una corte internacional que le daba la razón al Gobierno.
Antes de que presentara este informe de la Comisión, diciendo que era el Parlamento Europeo quien negaba investigar el recorte, la Abogacía del Estado llevó al Supremo el resultado de la subasta eólica, argumentando que las renovables ya no necesitan ayudas.
Algo que chocó mucho a los recurrentes porque en estos casos, tanto Anpier como la gran mayoría de los cientos de casos que representa Holtrop, son de intalaciones fotovoltaicas que no tienen nada que ver con la eólica.
Ambos recurrentes ya han entregado sus alegaciones al Supremo para que retire el documento enviado por la Abogacía del Estado. Ahora le toca al TS dirimir si acepta la prueba definitivamente.
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