Las comunidades autónomas se blindan frente a apagones con normas 'exprés' para desplegar baterías en sus territorios

Las comunidades autónomas españolas han activado una carrera legislativa y administrativa sin precedentes para liderar el despliegue del almacenamiento energético, especialmente de grandes baterías y sistemas de bombeo, convertidos ya en un pilar crítico del sistema eléctrico. Los episodios de inestabilidad registrados en el primer semestre de 2025 y, sobre todo, el apagón masivo del 28 de abril que dejó sin suministro a gran parte del país, han acelerado la reacción de los gobiernos regionales.

A través de reformas legales y administrativas de carácter urgente, las autonomías buscan dotar a la red de mayor flexibilidad, resiliencia y capacidad de respuesta. El reto ya no se limita a producir energía renovable, sino a garantizar que pueda almacenarse y gestionarse de forma eficaz para evitar colapsos que paralicen el transporte, la industria y los servicios esenciales.

Reformas legales y administrativas

Cataluña ha sido una de las comunidades más contundentes en su reacción. El apagón del 28 de abril de 2025 actuó como detonante político. En respuesta, el Govern aprobó el Decreto Ley 22/2025, concebido específicamente para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico catalán. La norma declara las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica como de interés público superior y simplifica de forma drástica los trámites administrativos, especialmente en el caso de la hibridación de instalaciones existentes. Gracias a este marco, parques renovables ya operativos pueden incorporar baterías con ampliaciones de hasta el 25 % de su potencia mediante procedimientos acelerados. La Generalitat busca que el almacenamiento deje de ser un complemento y pase a convertirse en una pieza central del sistema, situando a Cataluña entre las regiones con mayor volumen de proyectos, con cerca de 975 MW en solicitudes en tramitación.

En el norte, el Principado de Asturias ha optado por una vía distinta, centrada en la ordenación territorial. El modelo asturiano prioriza su implantación en suelos no urbanizables con pasado minero o industrial, combinando planificación energética y regeneración de espacios degradados. Esta estrategia ha permitido canalizar la inversión y dar seguridad jurídica a los promotores, situando a Asturias como uno de los grandes polos del almacenamiento en España, con alrededor de 949 MW en diferentes fases de tramitación y una posición de liderazgo en proyectos independientes o “stand alone”.

El impulso normativo se extiende al arco mediterráneo y al sur del país, donde el almacenamiento se ha integrado en reformas más amplias de simplificación administrativa y política industrial. En la Comunidad Valenciana, el Decreto Ley 14/2025 ha eliminado buena parte de las trabas burocráticas que ralentizaban los proyectos energéticos, apostando por agilizar los considerados estratégicos para la seguridad del mercado eléctrico. Andalucía, por su parte, ha incorporado el almacenamiento a su Ley 4/2025 de fomento industrial y modernización de los espacios productivos, considerando estas infraestructuras esenciales para garantizar un suministro estable en los parques industriales y evitar que la actividad económica se vea afectada por fluctuaciones o caídas de la red.

Galicia también ha reforzado su marco regulatorio con la Ley 5/2025 de medidas fiscales y administrativas, poniendo el foco en la eficiencia del sistema. La norma gallega fomenta la compartición de infraestructuras de evacuación eléctrica, especialmente en parques eólicos, para evitar duplicidades y facilitar que los nuevos proyectos incorporen almacenamiento de forma integrada, reduciendo costes, minimizando el impacto ambiental y acelerando la transición hacia un sistema más flexible y robusto.

Capacidad de tramitación

El resultado del movimiento coordinado de las comunidades autónomas empieza a reflejarse en los datos de capacidad en tramitación y en la asignación de fondos públicos para almacenamiento energético. A finales de 2025 existen cientos de proyectos de almacenamiento en distintas fases de tramitación, que suman varios gigavatios de potencia total en autorización y permisos administrativos.

En ese contexto, Extremadura encabeza el ranking nacional, con aproximadamente 1.300 MW de proyectos en proceso de permisos ambientales y administrativos. Le siguen Cataluña, con cerca de 975 MW, y Asturias, con alrededor de 949 MW, consolidándose como puntos calientes para nuevas instalaciones de almacenamiento de energía. Estas cifras incluyen tanto proyectos híbridos con energías renovables como sistemas independientes. Además, otras regiones como Castilla‑La Mancha y Andalucía mantienen carteras significativas, superando los 600 MW.