Las empresas distribuidoras de Unesa se han ofrecido a colaborar con la Administración en la definición de una red suficiente de recarga en vía pública y en el desarrollo de estas infraestructuras para impulsar el vehículo eléctrico.
En un comunicado, la patronal, de la que forman parte Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, considera que si España apuesta por posicionarse con los principales países europeos en el desarrollo de estas infraestructuras, "el distribuidor es un agente necesario para contribuir al éxito de la movilidad eléctrica como facilitador del vehículo eléctrico en la red".
Las 'grandes' eléctricas, que recuerdan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su reciente informe sobre la propuesta de Real Decreto respecto al gestor de cargas considera que el desarrollo de las infraestructuras de recarga debería englobarse dentro de una estrategia nacional de impulso al vehículo eléctrico, se ofrecen así a colaborar con la Administración "en la elaboración de dicha estrategia nacional".
Además, Unesa señala que, en línea con lo que propone el 'paquete de invierno' de la Comisión Europea, siempre que no exista iniciativa por parte de otros agentes, los distribuidores podrían desarrollar parte de la infraestructura pública de recarga "hasta que el mercado alcance la madurez suficiente".
La patronal eléctrica valora que los distribuidores cuentan con la capacidad técnica, experiencia y medios para llevar a cabo actuaciones a gran escala en las redes de distribución, por lo que su participación "facilitaría el despliegue de la infraestructura de recarga pública, garantizando un desarrollo ordenado y homogéneo".
Unesa, que señala que el vehículo eléctrico es "una eficaz herramienta" para reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes producidos por la actividad del transporte y supone una mejora en la eficiencia energética, considera que "una de las principales barreras" para su despliegue en España es la ausencia de una infraestructura "suficiente" de recarga en la vía pública, tanto en ciudades como en la red de carreteras.
Para la patronal, "esta limitación" está suponiendo "una barrera" a la compra de vehículos eléctricos, ya que su uso se ve restringido a las ciudades y a trayectos cortos y, añade, España no ha definido aún "objetivos concretos" en cuanto al número de puntos de recarga públicos, tal y como señala el informe de Semestre Europeo realizado por la Comisión Europea sobre España publicado el mes pasado.
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