El informe, que se presentó coincidiendo con el arranque Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reúne casos de puertas giratorias entre la industria de combustibles fósiles y políticos de alto nivel, ministros, reguladores y asesores, y cuestiona si la falta de ganas de la UE o los Estados miembros para tratar este tema es resultado de las cercanas relaciones construidas con el sector de combustibles fósiles en los últimos años.
De los países estudiados, Austria, Hungría, Suecia y Dinamarca no regulan la cuestión de las puertas giratorias, por lo que no hay restricciones para moverse entre el sector público y el privado. Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, España y el Reino Unido tienen algunas disposiciones sobre puertas giratorias, aunque varían considerablemente en alcance y eficacia.
Sin embargo, a pesar de la existencia de legislación, el estudio encuentra 88 casos de puertas giratorias entre el sector público y la industria de la energía entre ministros, asesores, reguladores y políticos de las administraciones públicas europeas -13 de ellos en España- , lo que demuestra que aún existen lagunas en la legislación, los mecanismos de aplicación son débiles o inexistentes o que las reglas pueden ser fácilmente sorteadas, y concluye que “el fenómeno de puerta giratoria es sistémico y generalizado”.
Según se recoge en el informe, casi la mitad de los ministros del gobierno español que han ejercido su cargo desde el regreso de la democracia en 1977 (71 de 176 ministros) han ido a trabajar para asesorar a las principales compañías privadas después de que dejaran el cargo, ocupando la mayoría cargos de dirección en las compañías. Asímismo, el informe destaca que entre 2015 y otoño de 2017, se dio permiso a 137 altos funcionarios para ocupar puestos en empresas privadas relacionadas con sus deberes públicos anteriores, a menudo sin un período de espera.
Aznar y González, los casos más llamativos.
En el caso español, el informe recalca que 13 altos cargos trabajan o han trabajado para las empresas del sector de las energías fósiles. Entre los altos cargos “fichados” por las eléctricas españolas destacan los expresidentes del gobierno: José María Aznar (PP), que ejerció como “asesor externo” de Endesa (la principal empresa del sector) entre el 2010 y el 2015; y Felipe González (PSOE), que fue consejero de Gas Natural, desde el 2011 al 2015. El informe también señala como compañías destacadas a Red Eléctrica de España, Enagás e Iberdrola.
Además, el informe denuncia que existe una falta de legislación adecuada para garantizar que la formulación de políticas climáticas no esté indebidamente influenciada por intereses creados, y cuando existe legislación, no se aplica adecuadamente, por lo que Los Verdes consideran “necesario adoptar políticas sobre conflictos de intereses en Naciones Unidas, la UE y a nivel nacional para salvaguardar la formulación de políticas de interés público de la influencia desproporcionada de los intereses creados, que es particularmente urgente cuando se trata de negociaciones sobre el clima”.
Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, alerta de que “hay una puerta giratoria entre la política y el lobby de los combustibles fósiles en toda Europa. No son solo unos pocos casos: es sistemático. La industria fósil tiene un enorme interés económico en retrasar la acción climática y esta puerta giratoria entre política y el lobby de la industria fósil es seriamente alarmante”. Y avisa: “Si queremos cumplir los objetivos del Acuerdo de París y mantener el calentamiento global lo más cerca posible de 1,5 grados, debemos terminar con los conflictos de intereses para evitar que el carbón, el gas y el petróleo dejen sus sucias huellas en nuestra política climática”.
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