Las ONG ambientales consideran que el nuevo objetivo europeo de energías renovables, que fija un 32% para 2030, es "demasiado conservador" y "peligrosamente poco ambicioso" aunque en declaraciones a Europa Press celebran la apuesta por el autoconsumo en la Unión Europea, que supondrá a partir de 2021 el fin del llamado 'impuesto al sol' España y otras penalizaciones en el resto de los Veintiocho.
Para el responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra, Héctor de Prado, mientras otras regiones mundiales apuestan "decididamente" por un futuro renovable, Europa sigue "sin hacer los deberes" y necesita cambiar su concepción sobre la energía.
"Celebramos que finalmente los decisores hayan empezado a allanar el camino que permitirá a la ciudadanía aportar su granito de arena a la transformación total del sistema para mediados de siglo", ha manifestado.
Pese a que consideran "insuficiente" el objetivo para afrontar su responsabilidad climática, estima "muy positivamente" los avances para empoderar a los ciudadanos europeos como nuevos actores energéticos en el sistema.
Además, el portavoz clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha lamentado que el nuevo objetivo rebaja en dos puntos la propuesta del Parlamento, del 34 al 32%, lo que supone una producción de la energía primaria de Austria y Portugal juntas.
De hecho, ha asegurado que "falta bastante más" para cumplir el Acuerdo de París y estima que el objetivo debería situarse, seguro por encima del 40%, y preferiblemente por encima del 45%.
Por otro lado, ve "muy preocupante" que la propuesta permita seguir quemando aceite de palma como combustible y advierte de criterios "bastante laxos" al respecto, lo que permite incluir a grandes centrales de biomasa, que pueden llegar a quemar grandes toneladas de bosques y a empeorar la calidad del aire.
En todo caso, ve como noticia "positiva" que se imponga la "necesidad" de proteger el derecho de quien produce su propia energía. "Valoramos que se está ganando una batalla en el horizonte energético en el que está más cerca que cada uno pueda producir su propia energía más allá de los grandes nodos eléctricos y las grandes empresas", ha concluido.
Por su parte, Greenpeace celebra que la Unión Europea haya declarado "ilegal" el 'impuesto al sol' por lo que urge al Gobierno a "suprimir todas las barreras" al autoconsumo renovable, que será incompatible con la nueva norma europea.
Para la ONG un 32 pro ciento es "todavía insuficiente" para luchar contra el cambio climático y cree que el Ejecutivo debe poner fecha para alcanzar un sistema cien por cien renovable en su Plan Integrado de Energía y Clima y en la Ley de Cambio climático y Transición energética.
La nueva directiva de renovables, que entrará en vigor en 2021, reconoce el derecho de los ciudadanos al autoconsumo y a compartir energía e impide que la penalización con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas.
Para la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, el fin del impuesto al sol es "una victoria de la ciudadanía" que ha "presionado" durante años. "Desde hoy es más fácil liberarse del poder de las grandes eléctricas", prevé.
Sin embargo, advierte de que tendrán que seguir demandando objetivos de renovables más ambiciosos para luchar contra el cambio climático y conseguir que las eléctricas "estén obligadas a desengancharse de los combustibles fósiles y otras falsas soluciones".
En su opinión, el objetivo "mínimo" se queda "peligrosamente corto respecto al necesario para prevenir un cambio climático catastrófico" y coincide con el resto de ONG en que se debería alcanzar el 45%.
Para Pizzinato, el "giro de última hora" en la posición de los Gobiernos de España e Italia hecho posible "algo que parecía perdido". "Ahora es el momento de plasmar a nivel nacional esa ambición demostrada esta madrugada y encarrilar decididamente la transición energética hacia un sistema 100% renovable para proteger a la ciudadanía del cambio climático", ha añadido.
Urgen a Ribera a derogar el impuesto al sol
En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que este "es un paso pero no es suficiente" porque la Unión Europea debe ser un acicate a los países que están en la cola, pero también ante los que están siendo más ambiciosos.
Así, añade que es preciso "empujar más para cumplir el objetivo que el planeta necesita para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados", para lo que al menos debería establecerse un 45 por ciento de renovables en esa fecha. Sin embargo celebra las medidas que se toman respecto al autoconsumo que permitirán el fin del impuesto al sol y otras trabas.
Por último, la responsable de clima y energía de WWF, Mar Asunción, ha manifestado que las nuevas normas son "buenas" en lo que se refiere al autoconsumo, por lo que llama al nuevo Gobierno y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que "quite las barreras de una vez" al conocido como el impuesto al sol, ahora que la Directiva europea lo respalda.
En cuanto al objetivo del 32% también opina que "no es suficientemente ambicioso" sino que está "lejos del 45 por ciento" que reclama WWF.
Sin embargo, ha añadido que para la ONG lo "más preocupante" es que la Directiva no establece objetivos por países y aunque "de cualquier modo es mejor que el 27% anterior", se trata de un paso adelante "tímido y que hay que reforzar".
Finalmente, denuncia que la bioenergía es "el principal escollo" porque los objetivos y requisitos son en su opinión "bastante laxos" de modo que no garantizan que la biomasa que se produzca emita menos que si se hubiera producido esta energía con combustibles fósiles.
Piden prohibir el 'fracking'
Las cinco principales organizaciones ecologistas han pedido al presidente Pedro Sánchez, que en sus primeros 100 días de Gobierno presente una serie de medidas que consideran "inmediatas" y "urgentes", como es la prohibición del 'fracking', eliminar el 'impuesto al sol', que alcance un Pacto por el Agua o que se oponga a la modificación de la Ley de Patrimonio Natural, entre otras cuestiones.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra han presentado este jueves en Madrid sus propuestas, entre las que se encuentran, la presentación de un proyecto de Ley de Cambio Climático. En concreto, quieren que Sánchez desbloquee la Proposición de Ley de autoconsumo eliminando el 'impuesto al sol' y la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el mar y tierra (incluyendo el 'fracking') como primeras medidas.
Igualmente, insisten en que establezca un calendario para el cierre de las centrales nucleares y el carbón en 2025 y su sustitución por energías renovables. En este sentido, recuerdan que la primavera de 2019 es "clave" para saber cuál es la posición del Gobierno de Sánchez, al ser la fecha en que acaba la licencia de Almaraz, por lo que el Ejecutivo "se va a tener que retratar" con la decisión que tome.
Asimismo, proponen la reevaluación de proyectos de interconexiones gasistas y el cese del Midcat (proyecto de gaseoducto España-Francia).
También exigen a Sánchez que anuncie y elabore una ley de Fiscalidad Ambiental que prime las buenas prácticas medioambientales y eliminar todos los subsidios perversos para el medio ambiente, y que lidere la defensa de la Directiva Marco de Agua ante el intento de varios países de reformarla para hacerla más permisiva.
En este sentido, piden que ponga en marcha una Auditoría del Agua en España, la paralización de los Planes de Sequía y la Estrategia de Regadío, elaborar un Plan Nacional de Humedales, que suspenda el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona), retirar los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya, y que inicie un Pacto por el Agua.
Según ha afirmado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, Pedro Sánchez llega en un momento "clave", pues en los próximos meses España deberá posicionarse sobre políticas como el Paquete de Invierno de energía de la Unión Europea, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la posible reforma de la Directiva Marco de Agua, diversos acuerdos comerciales y de inversión o las nuevas metas sobre biodiversidad post2020. Según indica Del Olmo, las acciones que se realicen en estos primeros 100 días, servirán "para saber cuál es la tendencia del Gobierno en el futuro".
Con respecto a las política agroalimentarias, proponen la creación de un grupo de trabajo abierto a las ONG ambientales para fijar el posicionamiento de España respecto a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y establecer una moratoria sobre los nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes.
Pérdida alarmante de biodiversidad
Igualmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha dado "la urgente voz de alarma" en materia de biodiversidad. Las organizaciones quieren que Sánchez se oponga a la reforma, actualmente en trámite, de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Para Ruiz, la oposición del Ejecutivo a la modificación de la Ley es una "prueba de algodón" sobre sus intenciones en medio ambiente y recomienda, si no fuera posible paralizar la modificación, llevar este asunto al Tribunal Constitucional. En materia de biodiversidad, las entidades también quieren que se ponga en marcha los planes de las especies declaradas en estado crítico; y paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña.
En cuanto a residuos, quieren que defienda una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y distribución de plásticos de un solo uso y que aproveche la modificación planteada de la Ley de residuos 22/11 para conseguir la separación selectiva de biorresiduos en 2020, y adelantar la separación de textil a 2020.
Sobre reducción de la contaminación, piden como medida a corto plazo la equiparación de impuestos del diésel con la gasolina, la revisión del sistema de etiquetas de la DGT teniendo en cuenta las emisiones reales de los vehículos, y el apoyo a los planes de mejora de calidad del aire de grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
También exigen la reducción del uso de pesticidas en un 30% para 2020. En particular, piden la prohibición de aquellos plaguicidas más peligrosos y los que interfieren con el sistema endocrino, evitar la concesión de permisos generalizados para el uso de sustancia prohibidas, prohibir el uso veterinario del diclofenaco e iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.
Finalmente, quieren una Ley del Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel de las organizaciones ambientales y que el nuevo Gobierno garantice la presencia de estas en todos los consejos consultivos con implicación ambiental. En particular, quieren un representante ecologista en el Consejo Económico y Social.
Según ha recalcado Del Olmo, de WWF, las organizaciones han manifestado que reciben con "esperanza" la decisión de Sánchez de que la transición ecológica sea uno de los "ejes principales" del Gobierno. Aunque con la nueva ministra, Teresa Ribera, todavía no han tenido una reunión formal, de ella esperan una "interlocución grande".
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